Acusaciones de terrorismo agudizan la pugna entre Correa y los líderes indígenas

El caso más célebre es el de los líderes de la etnia shuar José Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Karinas, encarcelados a principios de febrero bajo cargos de terrorismo y sabotaje por instigar una manifestación en 2009 en la que murió el profesor indígena Bosco Wisuma.

Esta semana una jueza ordenó su liberación tras determinar que la detención era "ilegal y arbitraria".

En total, casi 200 indígenas son acusados de terrorismo y sabotaje, según el abogado Julio César Sarango, que representa a algunos de ellos.

"Los jueces dicen que, como los indígenas andan con sus lanzas de madera son terroristas, cuando es una cuestión simbólica, una herencia de miles de años", dijo el letrado.

Correa ha rechazado cualquier persecución política al movimiento indígena con un desafiante: "Qué hagan lo que les de la gana. Estamos en Estado de Derecho, donde se juzga de acuerdo con el debido proceso y de acuerdo a las leyes".

Tras su puesta en libertad condicional, Acacho instó a todo el pueblo indígena "a sepultar la mal llamada revolución ciudadana", en referencia al eslogan del Gobierno de Correa.

Es una petición que, sin embargo, no acogerán todos sus compañeros, porque el movimiento está dividido.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal agrupación de ese tipo del país, y su brazo político, el Pachakutik, le retiraron el apoyo a Correa tras la presentación de proyectos de ley de minería y aguas que a su juicio atentaban contra sus derechos.

Otras dos agrupaciones de menor peso, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feie) sí respaldan al Gobierno.

El presidente de la Conaie, Marlon Santi, dijo a Efe que su organización se retiró del movimiento oficialista Alianza País (AP) "porque se ha derechizado, se ha hecho neoliberal y persigue a todo aquel que piensa distinto de él".

En su opinión, AP "viola las propias propuestas" indígenas de la Constitución de 2008, como el reconocimiento al estado plurinacional.

En cambio, para Pedro de la Cruz, asambleísta indígena de AP y miembro de la Fenocin, es preferible actuar desde dentro y dar "un apoyo crítico" a "un gobierno en disputa" como el de Correa, de quien defiende logros, como la entrada en la Alianza Bolivariana (Alba), pero critica decisiones económicas con "matices neoliberales".

De la Cruz criticó a la Conaie y a Pachakutik por tener "una cúpula indígena con alianzas subterráneas con la derecha ecuatoriana" y puso como ejemplo el pacto entre Pachakutik y Lucio Gutiérrez, que ayudó a éste a ser presidente.

¿Pero quién orquesta estas diferencias? El antropólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Fernando García explicó que el Gobierno busca "debilitar el movimiento" indígena mediante un "juego perverso y divisionista de poder".

Con sólo un 6,9% de la población, según el censo de 2001, la fuerza del pueblo indígena radica en que es uno de los movimientos sociales mejor organizados, con mayor peso electoral en algunas circunscripciones y, sobretodo, habita en territorios con enormes fuentes de recursos naturales, especialmente petróleo.

Lo cierto es que, más allá del juego político, las bases se sienten discriminadas: "En Ecuador existe un claro racismo, y a los indígenas se nos coloca en una clase ínfima", sentenció el líder shuar Samuel Yacum.

Las comunidades indígenas fueron históricamente ignoradas en Ecuador o utilizadas a su antojo por los gobiernos, según los expertos.

Es el caso de la última guerra con Perú, en 1995, en la se reclutaron a guerreros shuar, y unos 20 mil indígenas amazónicos del lado ecuatoriano sufrieron los efectos de la guerra y tuvieron que abandonar sus poblados, de acuerdo con algunos estudios.

La ciudadana shuar Inés Vega resumió en pocas palabras las emociones de su pueblo: "Cuando hacíamos la guerra con Perú, a los shuar nos llamaban para la guerra, ahora nos encierran sin motivo".