Acusan de permitir a torturadores y criminales hacer carrera en las FFAA

"Las Fuerzas Armadas no están depuradas, tienen en sus filas a violadores de derechos humanos", afirmó hoy la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, en alusión a que el actual "número dos" del Ejército, el general Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la policía secreta bajo el régimen de Augusto Pinochet.

Según una declaración judicial a la que tuvo acceso Efe, el general Castro, actual jefe del Estado Mayor del Ejército chileno, reconoció haber sido un agente de la temible Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet.

En respuesta, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió este martes la continuidad de Castro en su cargo, al destacar que en este caso el general está en servicio activo "en el que operan normas legales y otros entendimientos para tomar una decisión".

En declaraciones a los periodistas, el ministro afirmó que le llamaba la atención que ahora salgan a la luz voces que critiquen la posición del militar siendo que durante décadas se callaron.

"El general Castro tuvo una posición relevante en el Ejército durante el Gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) y ascensos muy importantes durante los gobiernos del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010)", subrayó Hinzpeter.

El ministro sostuvo que "la posición que ocupa hoy día el general Castro es una posición a la que llegó, como he dicho, en una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación (1990-2010), no producto de decisiones de este Gobierno".

Un especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense, Castro reconoció su pertenencia a la CNI en una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en la localidad de Paine, ocurrida en octubre de 1973.

En la declaración, del 19 de junio de 2003 y en la que participó en calidad de testigo, el actual "número dos" del Ejército relata que estuvo en la Escuela de Infantería de San Bernardo, vecina a Santiago, hasta fines de diciembre de 1973, y a principios de 1974 hizo un curso en Panamá.

En declaraciones a Radio ADN, la presidenta de la AFDD sostuvo que "tenemos en el segundo hombre del Ejército a un violador de los derechos humanos. Hoy día tenemos al segundo hombre del Ejército de Chile un genocida que mató campesinos en la localidad de Paine, y quizás en cuántos otros lugares. Si a quien escucha esto no lo horroriza, este país va a un barranco".

En tanto, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira criticó al Ejército por no haber tomado medidas "para desprenderse de la gente que estuvo vinculada a los servicios de seguridad".

Pereira indicó que "para el juez no está absolutamente confirmada su participación, pero están los antecedentes de un partícipe de los hechos que dice que el general Castro estaba ahí", en alusión a la masacre campesina de Paine, donde el padre de la abogada fue una de las víctimas.

En el proceso judicial por la muerte de los 22 campesinos, el juez Héctor Solís aún trata de identificar a un oficial del Ejército que en 1973 servía en la Escuela de Infantería de San Bernardo con el grado de subteniente, y que participó en la matanza junto al coronel retirado Andrés Magaña, procesado.

El 14 de enero de 2008, el general Castro prestó una segunda declaración en la investigación del mismo caso, aunque esta vez en calidad de inculpado.

En esa declaración, a la que tuvo acceso Efe, el uniformado admitió que después del golpe militar también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado "Cuartel Dos", de la Escuela de Infantería de San Bernardo, recinto que fue un centro de detención conocido como Cerro Chena.

Castro se encarga, entre otras funciones, de firmar los informes y documentos que la institución envía a los jueces que investigan la participación de uniformados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.