Guantánamo cumple 10 años con la promesa incumplida de su cierre

La continuidad del centro de detención de Guantánamo, en Cuba, supone un "legado tóxico" para los Derechos Humanos, según ha denunciado Amnistía Internacional con motivo del décimo aniversario del traslado de los primeros detenidos a esta "tristemente conocida prisión estadounidense".

En un informe publicado con motivo del aniversario, titulado 'Guantánamo: Una década de daños a los Derechos Humanos', Amnistía Internacional ha puesto de relieve "el trato ilegítimo" que se inflige a los detenidos de Guantánamo y ha expuesto las razones por las que el centro de detención "sigue representando un atentado contra los Derechos Humanos".

"Guantánamo ha llegado a simbolizar durante diez años la falta sistemática de respeto a los Derechos Humanos por parte de Estados Unidos en su respuesta a los atentados del 11-S", denunció el investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos Rob Freer.

"El Gobierno estadounidense ha ignorado los Derechos Humanos desde el primer día de detenciones en Guantánamo, y con el comienzo del undécimo año de vida del centro de detención, esta falta de respeto continúa", añadió. El Ejecutivo de Obama, según AI, ha adoptado el marco de la "guerra" global ideado durante la presidencia de su antecesor, George W. Bush.

171 PRISIONEROS

Pese al compromiso del presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010, a mediados de diciembre de 2011 el centro albergaba a 171 hombres. Al menos 12 de los trasladados a Guantánamo el 11 de enero de 2002 seguían recluidos en el centro, según la organización. Uno de ellos cumple una condena a cadena perpetua después de ser declarado culpable por una comisión militar en 2008 y ninguno de los once restantes ha sido acusado formalmente.

Al respecto, la organización recordó que el Ejecutivo norteamericano ya dejó claro en enero de 2010 que cabía la posibilidad de que alrededor de 40 prisioneros de Guantánamo no fueran enjuiciados ni puestos en libertad, sino que permanecieran en detención militar indefinida sin cargos ni juicio penal, "en virtud de la interpretación unilateral de Estados Unidos de las leyes de la guerra".

"Hasta que Estados Unidos aborde estas detenciones como una cuestión de Derechos Humanos, el legado de Guantánamo pervivirá con independencia de si se cierra o no el centro de detención", advirtió Rob Freer.

El centro de detención de Guantánamo, según AI, "se convirtió en un símbolo de las torturas y de los malos tratos cuando se abrió, cuatro meses después de los atentados del 11-S". Entre los detenidos que permanecen en el centro en la actualidad figuran algunas personas que fueron sometidas a tortura y desaparición forzada por Estados Unidos antes de ser trasladadas a Guantánamo.

La rendición de cuentas por estos crímenes contra el Derecho Internacional, cometidos en el marco de un programa de detención secreta gestionado por la autoridad presidencial, es "escasa o nula", denunció AI. Aparte, el Gobierno estadounidense ha bloqueado "sistemáticamente" todos los intentos de los antiguos prisioneros para obtener una reparación por estas violaciones.

En diez años, solo uno de los 779 detenidos de la base ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal ordinaria. Otros han sido sometidos a "juicios injustos" ante comisiones militares y, en la actualidad, el Gobierno trata de obtener en estos procesamientos militares la pena de muerte para seis de los detenidos, prosiguió la organización.

DERECHO INTERNACIONAL

El Gobierno de Obama ha justificado el incumplimiento de su compromiso de cerrar el centro de detención de Guantánamo con el argumento de que el Congreso no ha garantizado el cumplimiento por parte de Estados Unidos de los principios internacionales de Derechos Humanos relacionados con este asunto.

"En virtud del Derecho Internacional, no se pueden invocar las leyes y la política nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un tratado", advirtió Freer. "Es una respuesta inadecuada que uno de los tres poderes del Estado culpe a otro de que en el país se vulneren los Derechos Humanos", prosiguió. "El Derecho Internacional exige que se busquen soluciones, no excusas", concluyó Rob Freer.