Andalucía afea la "obsesión" del Gobierno por frenar la subasta de fármacos, pero repercute 380 millones a pensionistas

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada socialista Raquel Arenal, quien ha hecho un repaso del periplo judicial que está aconteciendo con esta norma andaluza, Montero ha criticado la "obsesión" mostrada por el Ejecutivo estatal por frenar una "medida innovadora" que, a su juicio, representa la licitación pública de medicamentos y que les estaría permitiendo "cumplir con los objetivos de estabilidad".

"Esta medida (la subasta) hace posible también que este 2013 los andaluces disfruten de los mismos servicios y prestaciones, pero sin recortes", ha enjuiciado la titular de Salud, para quien con estos concursos públicos de medicamentos "no se hace daño a los usuarios, sino a la cuenta abultada de resultados de las compañías farmacéuticas".

Por ello, ha vuelto a criticar la enmienda que el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados al proyecto de la Ley de Farmacovigilancia, que modificará la Ley del Medicamento y afectaría a la subasta andaluza, al impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en todo el territorio nacional.

"Ahora, por la puerta de atrás y vía enmienda, plantean una reforma con la que creen que frenará la subasta de medicamentos", ha declarado Montero, al tiempo que ha avisado al Gobierno sobre este nuevo planteamiento normativo que aún "no han dado con la tecla" para paralizar la subasta.

Sea como fuere, ha denunciado que con esa enmienda "pretende cargarse la compara de medicamentos hospitalarios, no permitiéndonos ahorrar los 1.000 millones de euros que se ahorran todos los servicios hospitalarios de España que hacen con esa compra de medicamentos".