Andalucía dice que no tiene constancia del presunto fraude de adquisición de fármacos con tarjeta de pensionista

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que desde el Gobierno andaluz "no se tiene constancia de que en Andalucía se esté produciendo fraude por un supuesto uso de las recetas de pensionista" por parte de la población activa trabajadora, si bien ha conminado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que si la Seguridad Social tiene constancia de que ello es así tras haber cruzado sus bases de datos con las de Hacienda, eleve a las distintas comunidades "una relación de las personas que hayan podido incurrir en este fraude, al objeto de para poder ejercer la sanción".

A preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, Montero se ha referido así al anuncio realizado este pasado lunes por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien en el marco del Foro 'Ideas+Diálogo en Sanidad', organizado por Farmaindustria y Europa Press, advirtió que actualmente hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia.

Según Mato, esta situación habría salido a la luz durante la actualización de datos realizada por su departamento, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para poner en marcha el nuevo copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y por el que los pensionistas pasarán a pagar un 10 por ciento del precio de sus medicamentos.

Frente a estos hechos, la titular andaluza de Salud ha reprochado la forma en la que las comunidades autónomas han tenido conocimiento de ese presunto fraude, "en un desayuno de la ministra en un medio de comunicación", toda vez que ha subrayado que si en el caso andaluz se hubiera tenido conocimiento de tal hecho "lo primero que hubiese hecho es irme a la Fiscalía".

"No pongo en duda esa información, pero no se de donde la sacó (la misnitra), ni en qué sustenta sus datos, ni si es por un cruce de datos entre Hacienda y la Seguridad Social", ha proseguido Montero, quien sea como fuere ha dejado claro que su comunidad "desde luego no puede acceder a ellos".

"Si es así esa cifra de las 200.000 personas que hacen un uso fraudulento de la tarjeta de los pensionista, el Ministerio debería de comunicarle a las CCAA quienes son los infractores, porque hoy el mismo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha dicho que son las CCAA las que tienen sancionar, pero yo no sé a quien tengo que sancionar".

"A nosotros las bases de datos que nos mandan periódicamente la Seguridad Social nos dice si un ciudadano tiene un tipo de prestación u otra, es decir, si es pensionista o activo, pero si este ente conoce que ahí se está produciendo un fraude, y cree que son las CCAA las que tenemos la capacidad sancionadora, debería de pasar una relación de personas sobre las que ejercer la sanción".

"JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE"

Sea como fuere, Montero ha mostrado su temor en que con este anuncio el Ministerio pretenda "justificar lo injustificable, ya que parece que están diciendo que el hecho de que haya un supuesto uso fraudulento de la receta del pensionista justifica el que vayan a pagar ahora los pensionista".

"Insisto que no sé de donde sacó esos datos la ministra, aunque lo que sí me parece que lo que hay es un mensaje subliminal permanente de intentar culpabilizar a la población de los recortes, como el uso inadecuado de los medicamentos por parte de la población cuando estos fármacos se prescriben por actos profesionales", ha agregado.

De hecho, y sobre esta última cuestión, Montero ha sostenido que "si en algún momento hay profesionales que no están haciendo un buen uso de esta prescripción lo que se tendrá que cambiar es la cultura de prescripción de estos profesionales y no penalizar a la población mayor".

REMEDIOS NATURALES

Preguntada por la desfinanciación de algunos medicamentos por su presunta inutilidad terapéutica solicitada por Mato y ser sustituidos por remedios naturales, Montero ha dicho que le parecen unas declaraciones "desafortunadas", al tiempo que ha aprovechado para mostrar su creencia de que el Gobierno central "tiene dificultad para explicar ciertos tipos de cosas".

"Cualquier medicamento que no tenga utilidad terapéutica es lógico que no se financie o se revise para que salga de la cartera de servicios, pero en el caso que habla la ministra, del que solo tenemos constancia por una aproximación no oficial, son medicamentos sujetos a receta médica".

"Tampoco tiene mucho sentido cuando Sanidad dice que se van a dejar de financiar determinados medicamentos, ya que el Ministerio no paga ninguna prestación farmacéutica y son las CCAA quienes las paga íntegramente", ha zanjado.