Anulada una multa de 6.000 euros por confundir un dispositivo de ayuda a la conducción con un inhibidor de radar

La sentencia, que estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), considera que corresponde a Tráfico "probar sin ningún asomo de duda" que se lleva instalado un dispositivo encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. El juzgado condena también a la Administración al pago de las costas judiciales.

Los hechos ahora enjuiciados ocurrieron en octubre de 2013, cuando un automovilista que conducía un coche de empresa por la carretera NA-2410, con dirección a la localidad navarra de Alsasua, fue denunciado por una patrulla de la Guardia Civil en el transcurso de un servicio de Seguridad Ciudadana tras observar que en el salpicadero del vehículo había dos dispositivos electrónicos sospechosos.

Uno de los dispositivos era un sistema de telefonía manos libres, pero el otro era desconocido tanto para los agentes como para el conductor, según ha señalado en un comunicado AEA.

A pesar de que el conductor les explicó que "desconocía su utilidad, ya que el coche no era suyo", según ha añadido AEA, los agentes le formularon una denuncia por conducir un vehículo llevando instalado un inhibidor de radar, cuya sanción era de 6.000 euros y la detracción de 6 puntos de su permiso de conducir.

El conductor formuló las correspondientes alegaciones y aportó un informe de un laboratorio de ensayos y certificación en el que se acreditaba que dicho aparato no era un inhibidor sino un dispositivo de ayuda a la conducción que puede recibir señales de seguridad para advertir en tiempo real posibles riesgos de las carreteras (por ejemplo por proximidad de pasos a nivel, colegios, etc).

También se indicó que el coche no era suyo y que desconocía la existencia y utilidad de dicho dispositivo, por lo que también era "injusto" sancionar a alguien que no podía ser culpable por no tener responsabilidad alguna sobre el mantenimiento del vehículo, como ocurre con las denuncias formuladas por no tener seguro o por el incumplimiento de la ITV, cuya responsabilidad recae en el titular del vehículo.

Según ha señalado AEA, "a pesar de todos los alegatos y pruebas aportadas, la Dirección General de Tráfico confirmó la sanción, obligando al ciudadano a tener que acudir a los tribunales para solicitar el amparo judicial frente a una sanción que era, a todas luces, desorbitada e injusta".

En la sentencia dictada se indica que a pesar de obrar en el expediente "el informe de los agentes actuantes donde se describe el funcionamiento del aparato" y donde se explica por el libro de instrucciones del detector que "puede desplegar un escudo de protección de luz", también obra "un informe de un laboratorio de ensayos y certificación en el que se niega que el dispositivo en cuestión cuente con tal función", lo que lleva al tribunal a no tener por acreditada la comisión de la infracción.

El juzgado señala que "no puede trasladar la administración la carga de la prueba al recurrente, es ella la que tiene la obligación de probar sin ningún asomo de duda el hecho típico, la conducción llevando instalado un dispositivo encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico".