Asociaciones de Mujeres exigen al CGPJ que reaccione ante el "maltrato judicial" de las víctimas de violencia machista

Las asociaciones de Mujeres exigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reaccione y tome medidas para atajar el "maltrato judicial" que aseguran, sufren muchas víctimas de violencia de género cuando siguen el dictado del sistema y se deciden a denunciar, pero no reciben la tutela, la protección ni la respuesta que esperaban de acuerdo a la ley.

En rueda de prensa, Fundación Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Anuvi y la Asociación de Mujeres Juristas Themis han anunciado que darán traslado una por una al CGPJ de todas las quejas que les lleguen de mala praxis judicial para ver si así, se produce una respuesta.

Hablan de víctimas que no saben si quiera quién será su fiscal, que entran a denunciar y salen imputadas por la falsa denuncia cruzada que ha puesto el maltratador, mujeres a quienes no se permite presentar testigos, que son obligadas a resumir años de violencia en un último episodio y que cuando se deciden a hablar, son llamadas al orden: "vaya usted al grano".

"Han pasado más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley Integral. Esperábamos que con el tiempo las deficiencias en su aplicación iban a irse subsanando, pero vemos que no es así", ha señalado la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, para incidir en lo "cansadas" que están las organizaciones que atienden directamente a las víctimas, de pedir mejoras sin resultados.

Una de ellas es la formación. Todas inciden en que ahí está una de las claves, porque "un curso online de 16 horas" no es ni puede a su juicio ser suficiente para acreditar el conocimiento de violencia de género necesario para ostentar la titularidad de un juzgado especializado. "No saben lo que es. No saben por qué se produce, cómo se comporta una víctima o un agresor", denuncia Besteiro.

La presidenta de Themis, Amelia Fernández, señala como ejemplo, que cuando la mujer, en situación de trauma, empieza a declarar, "la palabra siempre es la misma: Por favor, al grano". "Lo que estamos haciendo es un juicio parcial de lo que le ha ocurrido a esta víctima, que lleva años y que concurre en ese último instante y no se la permite hablar de más hechos. No se pueden permitir esos juicios rápidos y que se encorsete el dolor de la víctima en ese hecho concreto", afirma.

En esos juicios, según dice, "la mayoría de las veces no dejan que entren testigos" de la mujer y "en el mejor de los casos", ella sale de allí con medidas de protección penal y medidas de protección civil pero éstas, rara vez tienen en cuenta su situación real: "Sale con medidas por cien euros y tiene que pagar un alquiler de 700, así que tiene que volver con el agresor", plantea.

Se debe a falta de formación y también a prejuicios de los propios jueces, que llegan a "imponer su justicia bajo amenaza" forzando, según ha señalado la presidenta de la Federación Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, a las partes a alcanzar un acuerdo extrajudicial, cuando en ningún caso estarían en pie de igualdad porque son víctima y victimario. "Destruir a una persona es muy fácil. Entender que esa mujer ha sido destruida, no parece tan fácil", ha comentado.

"Hay juzgados que deniegan el 75 por ciento de las órdenes de protección", ha añadido la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, para quien "lo menos que puede hacer" el CGPJ es "interesarse por las causas". Reclama al Poder Judicial un sistema de evaluación del funcionamiento de los juzgados y que haga públicas "esas distorsiones" para corregirlas.

Denuncia además que "cuando una mujer acude al sistema judicial y sufre un daño por una mala protección, el Estado debería responder" porque "no hay indemnizaciones" ni medidas que reparen los errores que repercuten sobre las vidas de estas mujeres y sus hijos. Afirma que esta reparación del daño debería ser "automática, universal y funcionar de oficio".

FALLA LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO

Las organizaciones recuerdan además que la mujer "no está obligada a denunciar" y sin embargo, el sistema pone sobre ellas toda la responsabilidad: "deben ser a pesar del trauma, quienes se encarguen de impulsar el proceso, aportar las evidencias y promover las actuaciones" porque se producen, por un lado, deficiencias en la asistencia letrada y, por otro, "deficiencias en la investigación de oficio".

Sobre los letrados, la presidenta de Themis, Amalia Fernández, ha explicado que su organización ha instado directamente al Colegio de Abogados a impartir formación a los suyos que vaya más allá de "cómo se aplica el tipo penal". Quiere que se reúnan con psicólogos, por ejemplo, que les enseñen cuáles son las necesidades de las víctimas.

En cuanto al papel del Ministerio Fiscal, la abogada plantea que en muchos casos no se involucran y que siendo los encargados de velar por los derechos de la mujer, ni siquiera se presentan. "La mujer no siente la tutela judicial efectiva. Espera años para atreverse y llegar a denunciar y cuando llega al juzgado, ve que ese juez o esa jueza no la tutela, nadie está atento a su caso, se dice que la Fiscalía está para defender a la víctima y la víctima se pregunta quién era la fiscal", señala.

DENUNCIAS FALSAS, LAS DE ELLOS

Las organizaciones citan otro problema que ya está bajo el radar del CGPJ, las denuncias cruzadas que interponen en falso los acusados de maltrato como defensa judicial. Dicen que se dan casos en los que primero se investiga la denuncia de él o que ellas resultan imputadas y se les imponen órdenes de alejamiento que acaban repercutiendo en un mayor daño, justo lo contrario que recomienda a sus operadores el Poder Judicial.

Es lo que le ocurrió a Isabel López de la Torre, una "superviviente", como ella se define, de la violencia machista. El día que denunció salió del juzgado de violencia de Arganda, en Madrid, imputada y con una orden de alejamiento respecto de su agresor, a quien además se concedió un régimen de visitas "amplísimo" sobre la hija de ambos, una bebé de 18 meses, a la que tuvo que entregar "con fiebre" ese mismo día.

Esta mujer ha explicado que a los dos días le informaron por mensaje de móvil que su hija estaba ingresada en el hospital. No pudo ir a verla porque implicaba quebrantar la orden de alejamiento que le había impuesto la juez respecto del maltratador. Tres años y medio después, y habiendo llegado a desear quitarse la vida, la justicia por fin le dio la razón.

Ella fue absuelta y él está en la cárcel, pero el calvario de "tener que darle a la niña sabiendo que si se ponía violento no iba a estar para protegerla", no se le olvida. Su queja, acompañada por 16 anexos que detallan una larga lista de agravios, ha sido firmada por todas las organizaciones de mujeres y registrada ante el CGPJ. Así obrarán de ahora en adelante con todos los casos de "maltrato judicial" que les lleguen.