Asociaciones de discapacitados de Cataluña piden más partidas en los Presupuestos para los centros especiales de empleo

El vicepresidente de Dincat, Francesc Martínez de Foix, ha puesto en valor todas las medidas emprendidas en favor del empleo de las personas con discapacidad, y con ello ha querido hacer llegar a los grupos parlamentarios la adhesión de 400 ayuntamientos catalanes a diversas mociones que defienden el empleo de las personas con discapacidad, recogidas en la campaña 'Esto sí que no. Si nos recortáis nos abandonáis'.

A su juicio, el ahorro presupuestario que puede desprenderse de la supresión de estas partidas "no es nada si se compara con el coste futuro que se va a asumir tanto desde el punto de vista social de sufrimiento y exclusión de estas personas, que igual no vuelven a tener un puesto de trabajo".

Según han indicado, en los Presupuestos se han reducido hasta un 50 por ciento las políticas activas y para aquellos colectivos con especial dificultad apunta que la rebaja es del 34 por ciento. "Hablamos de que se puedan mantener las alternativas actuales de empleo, por un importe total elevado a 200 millones de euros que dentro de las cifras del presupuesto un porcentaje ridículo", agrega.

NECESARIO PARA UN PROYECTO DE VIDA

Por su parte, Antonio Guillén, presidente de la Federación Ecom, ha explicado que se debe apoyar la labor de los centros especiales de empleo, porque supone un aspecto esencial para que el colectivo pueda tener un proyecto de vida como cualquier otro ciudadano.

"Este recorte brutal pone en peligro la continuidad de la red de servicios de personas con discapacidad y supone un grave riesgo de que estas personas entren en la dependencia de subvenciones o exclusión social y que pueden marcarles el resto de su vida", ha agregado.

En cuanto a los centros especiales de empleo dice que peligran hasta 12.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad, mientras que otras 2.500 en Cataluña. "Hay que replantearse porque supondrá un mayor coste social", ha alertado

Por su parte, Esperanza Esteve, ha dicho que se ponen en juego puestos de trabajo de personas con un grado de autonomía que si se pierde no es un retroceso importante sino más costos para la administración.

Al mismo tiempo, Carles Campuzano, ha manifestado que se habla de poner en riesgo el tejido asociativo que en estos últimos 30 años se ha garantizado a las personas con discapacidad, "el sector más vulnerable de la sociedad". En su opinión, sería "bueno" activar medidas de urgencia que salvaran al sector, después de que hasta 2011 se fijase un plan de choque que ha logrado mantener el empleo en el sector.

Joan Coscubiela, de ICV, ha asegurado que ni la crisis ni el ajuste presupuestario justifican la reducción de recursos a las políticas de discapacidad y más concretamente de los centros especiales de empleo. "No va a ahorrar y por eso nos hemos atrevido a plantear a todos los grupos que nos presentemos conjuntamente con el ministro de Hacienda y la de Empleo para presentarle una solución y se dedique parte de las bonificaciones a sufragar estos recortes que no están justificados", ha añadido.

Mientras, Teresa Jordà, de ERC, se ha sumado a la defensa de las políticas activas de los centros especiales de trabajo porque considera que es "muy importante" proteger y defender a los colectivos más vulnerables. Para ello, ha señalado que va a trabajar para que en los próximos presupuestos de 2013 se mejoren estas partidas.

Finalmente, la diputada catalana del PP, Ángeles Esteller, ha defendido la inserción de las personas con discapacidad y las máximas oportunidades hacia el colectivo. Además, ha comentado que los Presupuestos van a garantizar el 50 por ciento del salario mínimo y se ha introducido una flexibilidad a estas partidas.

"La Generalitat en este caso podrá utilizar flexibilidad en partidas que podrá emplear al colectivo y con estas medidas ya se podrá mantener el puesto de trabajo de los centros especiales de empleo. Somos conscientes de que este colectivo necesita el máximo apoyo y con este presupuesto del Senado se podrán cubrir estas necesidades", ha insistido.

En un principio el acto estaba previsto que se celebrara dentro del Congreso, pero finalmente les ha sido denegada la sala puesto que, según señalan desde la Cámara Baja, el procedimiento determina que si algún colectivo desea ofrecer una conferencia de prensa 'en la casa', debe ser un grupo parlamentario el que registre la solicitud de la misma a la Mesa del Congreso, que en este caso no se ha realizado.