La directora general de Atención al Usuario de Sanidad dice que "la asistencia sanitaria está garantizada"

Durante su intervención, Rubio ha pedido a los Grupos Políticos "no desorientar a las personas más necesitadas y alejarse de las trincheras políticas" porque, según ha remarcado, "la asistencia sanitaria está garantizada".

Bajo esta premisa, Rubio ha desgranado las estrategias que guían la política del área de Calidad y Atención al usuario y ha recordado que "en estos momentos la Dirección General tiene un carácter trasversal y ha arrancado con nuevas dimensiones al aunar dos grandes pilares: la salud y los servicios sociales".

No obstante, Lourdes Rubio ha incidido en la Base de datos única del usuario, "que es un instrumento fundamental y piedra angular de la Dirección General, un trabajo de amplia envergadura, con más de 200.000 datos actualizados a nivel estatal y el grado de ajuste de los datos alcanza ya el 99,2 por ciento entre los datos del Ministerio y los de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, se ha incluido un sistema de mensajería para que se vaya actualizando a tiempo real y el usuario no tenga que esperar para actualizar sus datos".

Pero además, la base de datos única, como ha señalado Rubio, "es un buen instrumento estadístico y nos permite conocer aspectos como que, en cuanto a aportación farmacéutica, el 77,4 por ciento de los pensionistas les corresponde el código TSI002, que es pagar como máximo ocho euros al mes".

Además, Lourdes Rubio ha repasado otros aspectos que se abordan desde la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario como el servicio del Salud Informa, cuya principal novedad para este año, ha adelantado, "es el pliego de condiciones donde queremos abordar los servicios sociales y aunar así en el mismo portal las dos vías".

SEGUNDA OPINIÓN

En su intervención, la directora general tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar otros servicios como la segunda opinión, "que, según los datos de los que disponemos, el 85 por ciento de los casos se resuelve en el sistema público de salud aragonés y la media en cuanto al tiempo de atención es de 24 días".

Del mismo modo que ha hecho hincapié en las voluntades anticipadas, cuyo "registro oficial autonómico pasa al registro nacional para garantizar la accesibilidad a esas voluntades por si el usuario es atendido durante un desplazamiento".

Por otro lado, la directora general se ha mostrado satisfecha con el funcionamiento del Consejo de Salud de Aragón, "que es el órgano colegiado de participación más importante y que se ha reunido cinco veces en esta legislatura".

Por último, Lourdes Rubio ha recordado otro de los grandes objetivos de la Dirección General, el Plan de Calidad. "Ya tenemos el análisis de la gestión de calidad del departamento, que es el punto de partida para el plan de calidad y cumple la función que había marcado la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que todos los organismos cuenten con este análisis que nos lleve a hablar de la calidad de la gestión de los organismos públicos", ha apuntado la compareciente.

GRUPOS

Desde el Grupo Popular, Carmen María Susín se ha interesado por ese Plan de Calidad y Atención al usuario y ha agradecido "que se haya avanzado con el inicio del diseño del propio plan, que nos servirá para obtener un modelo de atención al usuario basado en la integración y la calidad de ambos sistemas, sanitario y social".

Para Susín, "esa fusión entre sanidad y bienestar social permite aprovechar las máximas sinergias y es una oportunidad para coordinar la atención sociosanitaria. Es un compromiso de este Gobierno ofrecer la mejor atención al usuario, así como la asunción específica de la línea estratégica de la calidad como símbolo de la excelencia".

Por su parte, Eduardo Alonso, portavoz del Grupo Socialista, ha criticado la acción ejercida desde la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario porque, a su juicio, "la actitud ha sido de mirar hacia otro lado cuando día tras día se modificaban el sistema y las políticas de salud pública, con la consiguiente merma de derechos de los usuarios".

Alonso ha enumerado los aspectos donde "se ha retrocedido en el servicio a los ciudadanos", como los repagos, los recortes, las afecciones a las personas dependientes, el atentado contra los derechos de la mujer, la atención primaria, las alarmantes listas de espera, la protección de datos. "Se han dedicado al control de los usuarios y no a la defensa de sus derechos", ha resumido el diputado socialista.

Desde el PAR, Manuel Blasco ha destacado que "sin la calidad y la atención al usuario el sistema no funcionaría, y en estos meses se ha avanzado en temas muy importantes, sobre todo en la actualización de la base de datos porque es un elemento esencial para tener conocimiento real de lo que estamos hablando, más aún cuando ha habido ajustes importantes".

Por ello, Blasco ha considerado que "hay que seguir buscando las mejoras en la atención y la información del usuario, del mismo modo que hay que poner en marcha el Comité de Bioética de Aragón, porque daría mecanismos a los profesionales a la hora de tomar determinadas decisiones que no son nada fáciles".

Para Nieves Ibeas (CHA), "estamos ante una Dirección General de perfil bajo, que actúa como un colchón entre la Administración y la sociedad, y creo que eso no nos lleva a ningún sitio".

"Hay muchas cosas en el aire y podemos decir que no ha habido novedades en los últimos ocho meses, porque todo estaba previsto con anterioridad", ha asegurado Ibeas, que además ha dicho que "es preocupante alguna de las observaciones aportadas" y ha discrepado en algunos aspectos como "la estructura del Consejo de Salud de Aragón, que no creo que fomente precisamente la participación".

Con todo ello, Ibeas ha dudado "de que se estén defendiendo los derechos de los usuarios como así lo indica el Estatuto de autonomía, cuando ha habido una invasión en los derechos de los ciudadanos".

Patricia Luquin (IU) ha considerado que "el programa estrella es la base de datos, pero realmente se pone en funcionamiento por lo que se conoce como repago, y nace por la necesidad de conocer el nivel de renta de los pacientes para aplicarlo. Se penaliza a las personas mayores y a los enfermos crónicos que tienen que pagar medicamentos por los que antes no tenían que pagar".

Según Luquin, "hay bastante desorientación y desinformación para los profesionales sanitarios y para los usuarios", y ha manifestado tener dudas "de que se cumpla la protección de datos y la confidencialidad" y ha pedido "potenciar el Consejo Aragonés de Salud como verdadero órgano de participación".