Automovilistas y víctimas de accidentes discrepan sobre el aumento de las penas por atropellos de ciclistas

La iniciativa propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol. Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

Por otro lado, se abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta 9 años de prisión, frente a la legislación actual que establece una condena máxima de 4 años de cárcel.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la asociación no es partidaria de este tipo de medidas porque "la aplicación del Código Penal es el fracaso de una sociedad" y "no evita los accidentes se quiera o no".

"Esto es una forma de acallar y de no abordar otras iniciativas para evitar los accidentes de tráfico y, en especial, en los que hay presencia de alcohol y drogas", ha manifestado Arnaldo, para después advertir que no es la primera vez que se elevan las condenas. "Esto ya ha ocurrido, con la reformas de 2007 y la de 2015, que endurecieron las penas", ha apostillado.

En este sentido, Arnaldo ha insistido en que el Código Penal "actúa después de producirse el accidente, no lo evita, por tanto, es desenfocar la solución al problema". Así, ha propuesto lanzar "el mensaje claro y diáfano: 'Tasa 0, en alcohol y drogas'"; la implantación del dispositivo de bloqueo de arranque por detección de alcohol, como ya ocurre en Francia con el transporte escolar; y la realización de la analítica en los centros de reconocimiento médico para detectar el consumo abusivo de alcohol o drogas.

En el caso de los ciclistas, el presidente de AEA aboga por la mejora de las infraestructuras y la identificación de aquellos viales, como la carretera cercana al municipio de Oliva (Valencia), con "un riesgo potencialmente alto", para ciclistas pero también para peatones.

Por su parte, el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, ha defendido también que la modificación del Código Penal "no es la solución a los problemas" de convivencia en la vía pública. "Se debe utilizar como último recurso cuando el resto de herramientas o de medidas han fallado. Cuando ha fallado el proceso sancionador, el procedimiento educativo, las campañas de comunicación y, en definitiva, cuando ha fallado el resto de sistema pedagógico y educativo", ha destacado.

Asimismo, Santa Cecilia ha indicado que, en el artículo 138 del Código Penal ya se recogen penas de 10 a 15 años. Por ello, aboga por mantenerlo "tal y como está", y por aplicarlo para que sea "mucho más eficiente y efectivo en su aplicación". "Que a aquellos que conduzcan con desprecio hacia su vida y al resto de los conductores se le aplique la normativa", ha zanjado.

Para el director de Seguridad Vial del RACE, "la solución a los problemas del tráfico no es el agravamiento de las penas". "Países con pena de muerte o con códigos penales muy rigurosos tienen índices de criminalidad superiores a los de España", ha defendido.

"Por tanto, la solución pasa por tener una cultura y educación vial acordes al siglo en el que estamos viviendo. La reducción de los accidentes se consigue teniendo una sociedad educada, concienciada y unos conductores solidarizados, con respeto a las normas y al resto de conductores", ha concluido.

UNA SOLUCIÓN PARCIAL

Por su parte, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA y la plataforma STOP Accidentes valoran de forma positiva la proposición de ley impulsada por el Gobierno para endurecer de 4 a 9 años las penas por atropellos a ciclistas y por omisión de socorro, pero han hecho hincapié en que el contenido de la misma "no es suficiente".

"Esta es una pequeña parte del problema, la que ha tenido más repercusión social. El resto del problema es que el código penal deja a las víctimas completamente desprotegidas", ha explicado a Europa Press el presidente de DIA, Francisco Canes.

Según la abogada de la organización, con la última reforma del Código Penal se dejó a las víctimas "desprotegidas" al despenalizar las faltas y eliminar el concepto de "imprudencia leve". Al no ser, en determinados casos, delitos penales, las víctimas se ven obligadas a asumir costes procesales y no pueden acceder a recursos como un informe forense.

Por eso, desde su organización creen que la proposición de ley "ha sido una manera de satisfacer una petición a medias". "Lo que queremos es que vuelva a estar como estaba antes en el Código Penal", apostillan.

Por su parte, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha reconocido que la propuesta gubernamental "se acerca" a lo que venía pidiendo la organización. Sin embargo, ha hecho hincapié en el error que a su juicio supuso la reforma del Código Penal, porque "lo metió todo en el mismo saco" y provocó que muchos accidentes de tráfico fueran calificados como "delitos menos leves" y quedaran finalmente archivados por la vía de lo penal, de manera que únicamente se podía tramitar por vía de lo civil.

En todo caso, ha valorado positivamente que desde la sociedad civil "se vea que se van a tomar más medidas en el asunto" y que sirva para concienciar a todos los usuarios de la vía que "hay que respetar" las normas de circulación.

"Que se vea por ambos lados que hay que respetarlo, porque a veces también se ve que los ciclistas no respetan las normas y van de dos en dos. Pero yo siempre digo que al final el más vulnerable es siempre el ciclista y hay que respetarlo", ha manifestado.