Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) volverá a intentar retirar por tercera vez este lunes la Cruz de los Caídos

Para ello, y ante las obras que se acometerán, se procederá a trasladar a los miembros de la Plataforma en Defensa de la Cruz, que permanecen junto a ella desde el 26 de diciembre de 2016 para impedir su retirada, hasta una plaza adyacente ubicada a 25 metros.

El alcalde, el socialista Fran Maciá, explicó este pasado viernes, en declaraciones a Europa Press, que se ha solicitado a Subdelegación de Gobierno, tras dos sentencias firmes que avalan la decisión del ayuntamiento, a trasladar a los concentrados y a dotar de efectivos de los cuerpos de seguridad las actuaciones "para trabajar sin problemas".

"El problema no son estas personas, vinculadas por un tema religioso, sino las que puedan venir de fuera del pueblo y que están vinculadas a la extrema derecha", ha lamentado Maciá, que ha recordado que ya se celebró en el pueblo una manifestación de Falange.

Así, ha detallado que los concentrados se derivarán, por su derecho de manifestación, a la plaza Reina Sofía, ubicada a 25 metros, y con "un dispositivo de seguridad por los antecedentes de gente que puede venir a liarla un poquito".

El alcalde calcula que el traslado se ejecutará en unos tres días, y las obras complementarias, con la colocación del empedrado en el lugar, se alargará hasta unos ocho días.

DESTINO

"La idea es minimizar todos los riesgos", ha defendido el alcalde, que ha indicado que el planteamiento del consistorio pasaba por derivar la cruz al cementerio parroquial, pero ni la parroquia ni la diócesis "se han mostrado entusiastas" y prefirieron "no tenerla".

"Tenemos previsto montar un espacio de la memoria que era lo que recomendaba la Comisión de Vestigios de la Generalitat Valenciana en el informe inicial que hicieron a principios de 2016", ha concretado.

Fran Maciá ha destacado que la iglesia de San Martín es un BIC y, por ello, en el plan de adecuación se acometerá la retirada de la cruz, pero también se quitarán las farolas fernandinas y el cableado colocado en la fachada. "Una actuación completa con el traslado del elemento distorsionante, la cruz de mármol de 1942 que no tiene nada que ver con el siglo XV-XVII".

El Ayuntamiento han recibido en las últimas semanas en dos tandas más de 30.000 correos automatizados solicitando que no se retire la cruz. Sin embargo, ha explicado que los servicios informáticos municipales establecieron un cortafuegos que ha derivado esa cantidad de correos electrónicos a las carpetas de 'spam', "porque estaban colapsando los servidores. Todos eran el mismo correo y el mismo contenido".

VÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Por otra parte, la Plataforma en Defensa de la Cruz, defendida por Abogados Cristianos, ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido que la causa de la Cruz de Callosa se tramite en protección de los derechos fundamentales. De esta forma, ha estimado el recurso interpuesto por el colectivo y revoca la decisión anterior del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Elche que consideró que la retirada de la cruz no atenta contra la libertad religiosa.

En la sentencia, fechada el 10 de enero y consultada por Europa Press, la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ argumenta que "la juzgadora, al afirmar de plano en el auto apelado que la cruz objeto de controversia transciende la simbología religiosa y que por ello su retirada de la plaza no afecta al derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución, ha anticipado un pronunciamiento de fondo con ocasión de la resolución de inadmisión del recurso, llevando cabo un juicio preliminar sobre la viabilidad de las pretensiones de la actora".

Añade que será "una vez tramitado el recurso, y tras la valoración del resultado de las pruebas practicadas, cuando la juzgadora de instancia disponga de elementos de juicio suficientes para determinar si la resolución municipal impugnada tiene o no virtualidad para lesionar el derecho fundamental invocado por la asociación recurrente".

El abogado de la Plataforma, Juan José Liarte, subraya la importancia de esta sentencia y destaca la importancia de que el tribunal "asegure que el caso afecta a los derechos fundamentales, ya que da visibilidad al problema y al derecho de los españoles a manifestar públicamente su opción religiosa y erigir lugares y monumentos de culto". Celebra que "frente a las facultades exorbitantes del Ayuntamiento, al fin haya un poder judicial que no ampara la precipitación en tan grave asunto".