El BNG pide al Gobierno en el Congreso que la nueva Ley de Costas no sea permisiva con empresas que contaminen

La moción, consecuencia de la interpelación debatida el pasado miércoles 28 de marzo, será defendida después de Semana Santa por la nacionalista gallega Olaia Fernández Davila y, en ella, solicita concretamente al Ejecutivo que evite una modificación en la Ley de Costas que sea permisiva con actuaciones especulativas o de degradación de la costa.

Actualmente existe la problemática de que esta normativa estableció 100 metros para la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, en lugar de los 20 que fija la Ley para suelos urbanos.

Con ello, el BNG quiere también que el Congreso reclame al Ejecutivo el cumplimiento de dicha normativa de Costas en lo referente a las concesiones administrativas, donde se establecen plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. "En ningún caso dichos plazos podrán exceder de treinta años", puntualiza.

En esa línea, desea que asegure que en la fecha concesional establecida, del 29 de julio de 2018, se pondrá fin a todas las concesiones en dominio público de todas las instalaciones o actividades contaminantes.

Igualmente, pide que se lleve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para garantizar la finalización en julio de 2018 de la concesión que actualmente tiene la empresa ENCE- ELNOSA en la ria de Pontevedra, como ha quedado establecido en la orden ministerial de 23 de julio de 1999.

De igual forma, plantea en la votación que el Gobierno no realice en la Ley de Costas ninguna modificación que pueda ser perjudicial para el desarrollo sostenible y la regeneración y recuperación del litoral, además de que resuelva "definitivamente" la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran diferentes núcleos de población rural con características urbanas, debido a que la Ley de Costas estableció la servidumbre del dominio público marítimo terrestre en 100 metros, en lugar de los 20 que fija la Ley para los suelos urbanos.

APOYO AL PSOE CON ESTA MEDIDA

En concreto, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confirmó el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso que el Gobierno iba a mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Ejecutivo PSOE contra la regulación de 2008 de Vivienda de Galicia, que afecta a los asentamientos rurales costeros gallegos, y que las defiende frente a la Ley de Costas.

Según explicó, el problema es que se trata de asentamientos tradicionales, pertenecientes a un municipio, pero que están dispersos dentro del mismo término municipal de la costa gallega, unas circunstancias que se tradujeron en la calificación de su suelo de 'no urbanizable' y quedaron con ello afectados tras la extensión a los 100 metros de la servidumbre de protección en la Ley de Costas.

Frente al caso concreto de ENCE, Arias Cañete aclaró que el Gobierno está estudiando todos los casos, porque el proyecto de ley no está redactado todavía, y se está viendo la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones a 30 años, previstos en la ley y que comenzarán a expirar en 2018, aunque teniendo en cuenta siempre las excepciones, como la de esta empresa.

"ENCE tiene una situación muy peculiar porque ocupa una parcela de dominio marítimo terrestre desde 1958, que tras la entrada en vigor de la Ley de costas finalizará en 2018. Además, la situación jurídica actual está marcada por una sentencia de la Audiencia Nacional de 2011, condenando a la administración a la incoación del expediente de caducidad y a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades", agregó.