Bruselas pide inspecciones cada 6 años de la seguridad de las nucleares y poder sancionar a incumplidores

La Comisión Europea ha propuesto este jueves una nueva norma para que la seguridad de cada una de las centrales nucleares europeas sea sometida a un examen obligatorio cada seis años por parte de sus pares europeos, con unas pruebas cuyos resultados deberán ser públicos y que, de ser negativos, darán el poder a Bruselas de iniciar un expediente sancionador contra el Estado miembro responsable.

Bruselas quiere, además, asegurar una mayor transparencia sobre la seguridad del parque europeo nuclear para que la opinión pública sea informada no sólo en caso de accidente, sino también sobre el funcionamiento habitual de las plantas.

Otra de las novedades que plantea el Ejecutivo se refiere a las autoridades reguladoras nacionales para reforzar su independencia en la toma de decisiones, frente a intereses políticos, económicos o sociales, y para que cuenten con "fondos suficientes y personal especializado".

"Estamos europeizando la seguridad nuclear. Queremos que los controles europeos sean los importantes, que no sean sólo nacionales, sino que haya expertos internacionales y los controles sean en profundidad", ha explicado en una rueda de prensa el comisario de Energía, Günter Oettinger.

El pasado año, la Unión Europea ya sometió a unas pruebas de estrés a sus centrales para evaluar su seguridad ante situaciones extremas como catástrofes naturales, un año después de la tragedia de la crisis de Fukushima (Japón), pero se trató de exámenes voluntarios.

El comisario ha incidido en las revisiones obligatorias que deberán superar las centrales cada seis años, porque serán pruebas en las que también participarán expertos de otros Estados miembros para garantizar su objetividad y porque la Comisión podrá organizar una "misión de supervisión especial" para examinar el caso concreto si los resultados de la primera inspección entre pares no es satisfactoria.

Llegado ese extremo y si Bruselas considera que el Estado miembro implicado no cumple con las recomendaciones o no aplica medidas alternativas pero equivalentes, entonces la Comisión podrá iniciar un expediente sancionador que podría derivar en una multa si el Tribunal de Justicia de la UE falla en contra del país denunciado, según han explicado fuentes comunitarias.

La revisión que propone el Ejecutivo comunitario para reforzar la seguridad nuclear de los 132 reactores que operan en la Unión Europea (ocho en España), tiene especial relevancia porque supondría dar cierta capacidad de actuación a Bruselas.

Desde los servicios del comisario Oettinger afirman que no es un intento por retirar competencias a los gobiernos europeos, que conservan plena competencia en materia nuclear, sino de ganar un papel de observador para acompañar y verificar que se cumplen las normas. "En los últimos 50 años no hemos recibido la menor información de ningún país sobre el estado de la seguridad", se quejaba un experto comunitario, para explicar la importancia de que la propuesta de Oettinger.

Además de las inspecciones a escala europea cada seis años, Bruselas también pide revisiones nacionales "cómo mínimo cada diez años" que, en el caso de centrales a las que se quiere ampliar su periodo de vida útil, deberá completarse con una evaluación "específica", ha apuntado el comisario.

A diferencia de los criterios técnicos tenidos en cuenta en las pruebas de resistencia del pasado año, la Comisión propone ahora que se fijen "objetivos de seguridad", con tres niveles de calidad, con los que asegurar que si se produce un accidente "la radiactividad liberada en el entorno sea prácticamente nula".

Sobre las nuevas centrales nucleares --hay unos 16 reactores nuevos planificados en la UE_el cambio de la normativa supondría la exigencia de que su diseño garantice que si el núcleo del reactor sufre daños, no tendrá consecuencias fuera de la instalación.

Por último, se pedirá a cada central nuclear que cuente con un centro de respuesta a emergencias que esté protegido contra la radiactividad y los terremotos o inundaciones y que aplique directrices estrictas en materia de gestión de accidentes.

Los servicios del comisario Oettinger confían en que la propuesta logre el apoyo de los Estados miembros y se apruebe el año próximo, lo que permitiría su aplicación un año y medio después, que es el tiempo que daría a los gobiernos para trasladar a la norma a su legislación nacional.

A Bruselas le bastaría el apoyo de una mayoría cualificada de Estado miembros para que prospere la norma, pero los países necesitarían unanimidad para introducir algún cambio en la misma, según fuentes comunitarias.

CRÍTICAS DEL SECTOR Y DE ECOLOGISTAS

Los ecologistas han acogido con decepción la propuesta de Bruselas porque la consideran insuficiente y porque aseguran que no evitaría que se repitiera en Europa la situación de crisis que se dio en Fukushima hace dos años.

En opinión de Greenpeace, las revisiones cada seis años sólo permitirían un examen "parcial" y dejarían partes de las instalaciones sin revisar "durante décadas" y los objetivos de seguridad que define Bruselas no han tenido en cuenta elementos de riesgo importantes. "Las nuevas reglas ignoran el factor humano, el riesgo de atentado terrorista o de sabotaje", ha criticado en un comunicado el experto en energía nuclear de Greenpeace Jan Haverkamp.

Por el contrario, la industria nuclear europea, a través del Foro FORATOM, ha expresado su "preocupación", porque considera que la nueva norma es "demasiado detallada" y "mina la autoridad de los reguladores de seguridad nacionales".

Además cree que Bruselas se ha precipitado al plantear esta revisión antes de conocer los resultados de la evaluación 'post-Fukushima' emprendidos por otros órganos internacionales, como la Organización Internacional de Energía Atómica.