Los obispos piden a las CCAA que "respeten" los colegios concertados católicos que "ahorran 2.850 millones al Estado"

"Aunque hubiera dos colegios ya serían dignos de respeto, pero estamos hablando de 123.229 trabajadores, 100.000 profesores. Son palabras mayores. Un respeto a las cosas que funcionan, sobre todo a las que están asentadas sobre derechos fundamentales", ha reivindicado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente.

La enseñanza concertada se siente amenazada en varias comunidades autónomas tras la aprobación de recortes en la financiación, la prohibición de la cuota voluntaria que aportan las familias, la reducción de unidades a mitad de curso, el veto a la oferta de vacantes fuera del proceso de admisiones o la exclusión de sus alumnos de las ayudas para transporte y comedor, tal y como adelantó Europa Press el pasado 14 de febrero.

"Lo que está en peligro es la libertad de los padres de elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, que es un derecho constitucional", afirmaba José María Alvira, el portavoz de Concertados, una plataforma integrada por Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de familias y Padres de Alumnos (COFAPA).

Precisamente, los obispos consideran que la concertada es "una forma acertada de hacer factible" este derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y, además, según apuntan, "es rentable para las arcas del Estado". Concretamente, desde la Conferencia Episcopal estiman que suponen un ahorro de 2.850 millones de euros.

Por ello, los obispos piden a los políticos que vayan "a los verdaderos problemas" de los ciudadanos y "despejen de cargas ideológicas los programas". "No es una cuestión religiosa ni de privilegios de la Iglesia. Hay que cambiar los tópicos e ir a los datos y al respeto de los derechos", invitan.

FINANCIACIÓN CONGELADA EN CASTILLA-LA MANCHA

La última polémica por la enseñanza concertada se produjo en Castilla-La Mancha, donde PSOE y Podemos han pactado congelar la financiación destinada a colegios concertados en los presupuestos autonómicos. El partido de Pablo Iglesias se ha manifestado en contra de este tipo de enseñanza desde el principio y en su programa electoral para las generales planteaba ya la eliminación progresiva de los conciertos educativos.

Por su parte, el Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) aprobó el pasado mes de noviembre un nuevo decreto de admisión escolar en el que introdujo la prohibición expresa de que los centros concertados cobren las llamadas 'cuotas voluntarias' a los padres, sin las que, según advierten los afectados, no pueden garantizar un servicio de calidad.

En Murcia se han recortado tres millones de euros del presupuesto para 2016 a la enseñanza concertada tras pactar PSOE, Podemos y Ciudadanos una enmienda que, según advirtió el Gobierno murciano del PP, obligará a que unos 1.100 alumnos de la red concertada sean trasladados a la pública.

Algo similar estuvo a punto de ocurrir en la Comunidad de Madrid a finales de 2015, pero Ciudadanos se echó atrás en el último momento. En comisión, el partido de Albert Rivera pactó con PSOE y Podemos reducir 2,9 millones el presupuesto a la concertada, pero en el Pleno de la Asamblea madrileña presentó un voto particular a la enmienda para evitar retraer esa partida.

INCERTIDUMBRE EN CANTABRIA Y EXTREMADURA

La concertada dice que en Cantabria existe "bastante incertidumbre" sobre el futuro en cuanto a la libertad de elección y de concertación y recuerda que la Consejería de Educación dijo recientemente que se respetarían todos los conciertos que fuesen estrictamente necesarios, algo que estos centros interpretan como el inicio de la "aplicación del principio de subsidiariedad de la concertada respecto a de la pública", en lugar del de "complementariedad".

En Extremadura, ahora gobernada por el PSOE, la Junta ha publicado una resolución que establece que las vacantes serán determinadas por las delegaciones provinciales, lo que ha provocado el "temor" en la concertada por las unidades de Educación Infantil de zonas rurales donde hay poco crecimiento demográfico.

En Galicia, gobernada por el PP, la concertada se encuentra con los siguientes "problemas": los certificados de matriculación y de notas tienen que ser suscritos por el director de un centro público, lo que ha provocado, según denuncian, que en algún caso "se haya intentado modificar las notas de los alumnos de los centros concertados"; se veta el cambio de centro escolar de los alumnos de la pública a la concertada, pero no al revés; y la Administración quiere el próximo curso centralizar la solicitudes de plaza "impidiendo a las familias conocer los proyectos educativos e idearios a la hora de elegir el centro".

NO SE CONCIERTA LA FP BÁSICA EN CEUTA Y MELILLA

Igualmente, la concertada tiene problemas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están bajo la gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Según denuncia Escuelas Católicas, la planificación administrativa de la nueva FP Básica es unilateral y no hay ningún centro concertado autorizado para impartir este ciclo fruto de la LOMCE.

En Baleares, los centros sostenidos con fondos públicos se quejan de la "fiscalización inquisitoria" de las titulaciones de su profesorado contratado hace años y de la modificación del proceso de admisión de alumnos con la vuelta de listas de espera o la denegación de conciertos por baja ratio alumno-unidad. Y en Aragón alertan de que existe el riesgo de que desaparezca el Plan de Bilingüismo implantado hace unos años.

CONTENCIOSOS EN ANDALUCÍA

Los centros concertados mantienen los contenciosos administrativos con la Junta de Andalucía por la reducción de las unidades ante una "supuesta" disminución demográfica mientras se ampliaban las unidades públicas en las mismas zonas y por disminuir unidades de concierto por baja ratio a mitad de curso.

Además del conflicto sobre la educación diferenciada en esta comunidad, los concertados denuncian la injerencia de la Administración andaluza en las relaciones laborales, que exige incluso su autorización para cualquier modificación del cambio horario en los centros concertados; la denegación de actividades y servicios complementarios, pese a las sentencias en favor de la concertada; y diferencias de trato respecto de la pública en cuanto a ayudas y ratios.