CEAR denuncia desinformación, caos y falta de garantías legales en el desalojo de refugiados de las islas griegas

En conversación telefónica con Europa Press desde Estambul, Galán dice que ha visto "dos Lesbos diferentes, uno hasta el sábado y otro completamente opuesto a partir del domingo por la entrada en vigor del acuerdo", que ha llevado aparejado el desalojo de las 8.000 personas que se encontraban en las islas en campos de refugiados que ahora van a funcionar como centros de detención. Este lunes, 4.000 ya habían sido conducidas a suelo peninsular.

"El sábado por la tarde comenzaron a desalojar los campamentos. La policía se presenta allí, coge a un grupo numeroso de personas y los monta en autobuses para llevarlos al puerto, que estaba absolutamente cerrado y al que ya no podían acceder los voluntarios como venían haciendo, para acompañar a los refugiados, ayudarles a embarcar y facilitarles víveres y enseres para continuar su camino", explica.

Denuncia que desde el acceso al puerto fue testigo de cómo determinadas personas dentro del grupo de evacuados iban esposadas y afirma que se trata de aquellos perfiles que sólo por su nacionalidad, no son considerados potenciales refugiados por las autoridades griegas. "Ellos no ven como refugiados a paquistaníes y bangladeshíes. Es absolutamente discriminatorio que se defina si una persona es o no refugiada sólo en base a una nacionalidad", denuncia.

Señala que los evacuados "no sabían a dónde iban" porque "nadie había informado sobre la situación". Explica que la policía les escoltaba "y les subían al barco", un gran buque atracado desde hacía "semanas" en el puerto de Lesbos que servía como dependencias portuarias en caso de mal tiempo y que acabó el sábado trasladando a territorio peninsular, como afirma Galán, a 2.500 personas.

"En todo este proceso no hay ningún tipo de asistencia legal, se hace todo sin ninguna garantía ni soporte que permita a esas personas ejercer su derecho a recurrir el traslado. Tampoco hay ningún procedimiento establecido ni ninguna organización especializada que esté pendiente. En ningún caso hay una asistencia legal a los refugiados por parte de nadie", afirma la secretaria General de CEAR. No descarta que los considerados a priori no refugiados hayan sido ya entregados a Turquía.

Galán contrapone esta situación a la que encontró en Lesbos los días anteriores, con tres campos de refugiados trabajando de forma coordinada entre sí, con las autoridades y con el ACNUR y centenares de voluntarios, pequeñas organizaciones y ONG más grandes repartiendose la atención a los refugiados desde el rescate en el mar y el primer auxilio a pie de playa, hasta el registro en el 'hotspot' de Moria y la derivación al campamento más adecuado a su perfil.

"La única embarcación que ha conseguido llegar a la playa, porque todas las que han seguido llegando el fin de semana han sido interceptadas, ha llegado esta mañana. Antes los voluntarios montaban un pequeño campamento en la orilla y les daban atención sobre la arena, como ropa seca o comida y agua. Hoy inmediatamente han aparecido los autobuses de la policía, han montado mojados a los recién llegados sin dejar que les asistieran, y así se los han llevado", lamenta Galán.

El futuro ahora, con el acuerdo en vigor, de la labor humanitaria en las islas griegas es para la secretaria General de CEAR "todo incertidumbre". La transformación de los campamentos en centros de detención ha expulsado de las instalaciones a las ONG, el ACNUR se ha retirado porque se opone abiertamente a la detención sistemática de los recién llegados y en las playas, donde siguen siendo necesarias labores de salvamento, "no se sabe" qué va a pasar. "Los voluntarios se quieren quedar, pero nadie tiene claro ahora mismo qué va a pasar", añade Galán.

En su opinión, "la prisa que no se han dado los gobiernos europeos para reubicar a los refugiados pese a que el acuerdo está en espera desde julio sí la han tenido para expulsar a las personas y para poner en vigor este acuerdo que deja en papel mojado la Convención de Ginebra, que hace desaparecer cualquier garantía respecto del derecho de asilo y que pone en evidencia los valores de la Unión Europea".