El CERMI pide que se elimine del Código Penal el artículo que permite la esterilización de mujeres con discapacidad

"No se puede incapacitar a nadie y hay que buscar medidas alternativas. Yo estoy ciega y no estoy enferma. Tengo una niña a pesar de mi ceguera. Proponemos ser consistentes con la Convención de Naciones Unidas de las personas con discapacidad, que dice que tienen que mantener su fertilidad y no se ponen excepciones", ha reivindicado durante su comparecencia.

Eso sí, entiende que haya mujeres que, por su discapacidad, no puedan ser madres. No obstante, subraya que se trata de un porcentaje "mínimo" de la población, que no llega ni al dos por ciento, por condiciones "muy limitantes" de su discapacidad. "Se pide que en ese mínimo porcentaje se empleen otros métodos que no sean mutilaciones contra la voluntad de la persona", ha insistido.

En concreto, el Código Penal establece que "no será punible la esterilización de la persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez".

Cuando se esteriliza a una mujer con discapacidad dice también que hay una exposición al abuso sexual "infinitamente mayor" por parte del propio entorno familiar directo, según se desprende de estudios internacionales.

En este sentido, ha criticado una práctica que se está emprendiendo en niñas con discapacidad intelectual severa, donde se les somete a una intervención de ligadura de trompas, a un tratamiento hormonal, o una operación para quitarles los pechos y que permanezcan "como niñas" durante 20 ó 30 años más. "Fíjense por dónde va el mundo desarrollado", ha subrayado.

Este comentario ha servido a Peláez para reivindicar que a muchas mujeres con discapacidad se les ha negado durante años gozar de sus derechos sexuales y reproductivos, así como acceder a técnicas de reproducción asistida, por poder transmitir su discapacidad a sus descendientes.

Sobre la reforma de la Ley del Aborto, en respuesta a Toni Cantó, de UPyD, Peláez ha dicho que el CERMI siempre ha considerado que un plazo extraordinario de 22 semanas por razón de discapacidad es "discriminatorio", a la vez que conceder menor valía a la vida de una persona con discapacidad.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Por otro lado, ha destacado que, según datos de Naciones Unidas, "la discapacidad produce un mayor riesgo de violencia", debido a la falta de acceso a los recursos y a la educación. "Es una forma de violencia pero se habla de violencia institucional y social contra las mujeres con discapacidad porque no se nos concede el rol social que nuestras comunidades conceden a las mujeres, el papel de ser madres, poder trabajar, tener una vivienda o ser independientes", ha resaltado.

De hecho, ha detallado que, en España, las mujeres con discapacidad representan las tres cuartas partes de las personas discapaces, el 60,2 por ciento del total, una cifra que se asemeja a la de países de renta baja y media.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), añade que entre el 65 y el 70 por ciento de esa población femenina con discapacidad vive en zonas rurales y tienen un mayor riesgo de vivir problemas de aislamiento o enfermedades.

Igualmente, ha apuntado que el 75 por ciento de las mujeres con discapacidad y hasta el 100 por cien en algunos países de renta baja, están excluidas de las fuerzas de trabajo, aunque muchas de ellas desempeñan tareas y funciones de familia, un trabajo no reconocido.

Además, ha especificado que la tasa de alfabetización en el colectivo es del 1 por ciento, sobre todo teniendo en cuenta que por su capacidad pierden el código de lecto escritura, aunque hubieran aprendido a escribir y leer en el colegio y ya no lo conservan.

Por cada cuatro empleos que se crean para personas con discapacidad, la comisionada del CERMI ha puntualizado que sólo uno es para mujeres y no con contrato indefinido. Asimismo, ha criticado que hay muchos espacios dedicados a las mujeres que no son accesibles, como los parques infantiles, los cambiadores de los baños públicos, por ejemplo.