El CERMI anima a usar las herramientas de la Ley de Contratos del Sector Público para extender la inclusión social

Así lo ha destacado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la jornada 'Nueva Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y garantizar la atención especializada', que ha sido organizada por Plena Inclusión Madrid.

En esta línea, el presidente del CERMI ha recordado que casi el 20% del producto interior bruto (PIB) en España lo constituye la contratación pública, por lo que "este poder de compra encierra un potencial inmenso para irradiar bienes añadidos en el ámbito social, medioambiental o en la calidad del empleo, entre otros".

De este modo, Pérez Bueno ha resaltado la importancia de esta ley para el Tercer Sector de Acción Social, tanto por la labor que las organizaciones sin ánimo de lucro realizan en defensa y representación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como por su faceta de "proveedores de bienes, productos y servicios". "Al ser operadores socioeconómicos, entramos en 'comercio' con las administraciones públicas", ha matizado el presidente.

Por ello, Pérez Bueno ha justificado la necesidad de que exista un enfoque social en la contratación pública, ya que las entidades sin ánimo de lucro conocen de cerca la realidad de las personas para las que trabajan y atiende "las demandas crecientes, las necesidades no cubiertas y las carencias de las diferentes administraciones".

Además, entre los puntos más relevantes de la nueva ley, el responsable de la plataforma ha destacado que, sin regularse de manera específica, el texto permite expresamente que el Tercer Sector de Acción Social pueda entrar en relación de provisión de bienes y servicios con las administraciones públicas fuera del marco de la contratación, mediante la figura del 'concierto social'. "Las comunidades autónomas tienen expedita esta senda para regular la acción concertada en su ordenamiento de servicios sociales", ha aseverado.

Asimismo, los avances en la nueva ley se reflejan en la reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad, que ser de hasta un 10% del volumen total de contratación; la definición legal de centro especial de empleo de iniciativa social; la no admisión como licitantes de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2 % en favor de trabajadores con discapacidad, y en que se puedan solicitar informes a las entidades sociales a la hora de llevar a cabo una contratación pública vía concurso.

Por ello, el presidente del CERMI ha hecho un llamamiento al tejido asociativo de la discapacidad para que se utilicen las herramientas que brinda la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un avance que, a su juicio, es producto de la actividad "previa y sostenida" de los movimientos sociales, de la sociedad civil "organizada" y de la discapacidad, que ha desplegado una "tarea activa de propuesta, presión e incidencia".

"Somos, podemos ser, motores de políticas públicas, de legislaciones favorables. Poseemos poder de cambio, de inducir o producir transformación social", ha concluido.