CERMI exige acabar con la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad: "Muchas son madres de hijos felices"

En un informe presentado este martes 6 de febrero en el Consejo General de la Abogacía, ambas entidades desmontan los "falsas creencias" que hay sobre la posibilidad de que estas mujeres puedan ser madres y advierten de que "muchas de ellas lo son de manera exitosa y tienen hijos e hijas felices".

Asimismo, sostienen que hay "pocos criterios objetivos" para juzgar la competencia de los padres y madres y critican la "tendencia" a entrar en el área de las emociones y utilizar ideas subjetivas sobre lo que está bien o lo que está mal.

"Las investigaciones al respecto no señalan una relación clara entre el nivel de formación o inteligencia de los padres y madres y ser buenos en el ejercicio de la paternidad o maternidad", sostienen.

De hecho, en la presentación de este informe, Almudena Martín, una madre con capacidad intelectual límite ha dado su testimonio y ha explicado que su pareja, durante el embarazo, cambió de opinión y que ella decidió ser madre, pese a que no tenía ni trabajo ni casa propia.

"Ahora, mi hijo está perfectamente. ¿Por qué perder el derecho a ser madre si una mujer desea dar vida a otro ser?", se ha preguntado, para añadir que lo importante es apostar por los apoyos necesarios que permitan a una mujer con discapacidad ejercer su derecho a la maternidad en igualdad de condiciones.

FALTAN DATOS ESTADÍSTICOS

La coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha afirmado durante la presentación del informe que uno de los principales problemas sobre esta práctica es la falta de transparencia, algo que "viola" la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de casos judiciales resueltos en España asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos "no se hallan desagregados por sexo".

Además de la necesidad de que exista mayor transparencia estadística, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, ha exigido que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas.

Peláez también ha advertido de que en muchas ocasiones se llevan a cabo las esterilizaciones porque desde el entorno sociosanitario de la mujer con discapacidad se aconseja a la familia adoptar esta medida. "En algunos casos, hay centros que piden que para acceder, la mujer o niña con discapacidad esté esterilizada", ha denunciado.

Igualmente, ha explicado que pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la FCM y de otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos: "En la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente o tras el nacimiento de un primer hijo o hija".

ESPAÑA VULNERA LA CONVENCIÓN DE LA ONU

También ha enumerado algunos de los artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que vulnera el Estado español con la práctica de las esterilizaciones forzosas, y tratados como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

En concreto, el artículo 39 tipifica como acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado, como ocurre en la mayoría de las ocasiones.

"Esto no sólo se da en España, sino en muchos otros países que se saben desarrollados y comprometidos con los derechos humanos", ha recalcado Ana Peláez, que ha ensalzado el ejemplo de Suecia, un Estado en el que las esterilizaciones forzadas están totalmente prohibidas y se ha indemnizado a las víctimas de esta práctica.