CESIDA advierte que la denegación de asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales traerá "graves consecuencias"

Tras la publicación del Real Decreto Ley del Gobierno en el que se aprueba que los inmigrantes ilegales solo recibirán atención en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años, los miembros de esta asociación han calificado las medidas de "atentado gravísimo contra los Derechos Humanos".

Las reformas efectuadas, que entrarán en vigor a partir del 31 de julio, "excluyen al sector más desprotegido de la asistencia sanitaria", añaden desde CESIDA. Por ello, esta organización, que aglutina a 89 entidades, considera que el remedio será peor que la enfermedad, ya que "se incrementarán los ingresos hospitalarios, la presión asistencial y, en consecuencia, el gasto sanitario". Ante ello, manifiestan que "es mucho más eficaz y económico" el tratamiento y el diagnóstico precoz.

LAS NUEVAS MEDIDAS "SUPONEN UNA SENTENCIA DE MUERTE" PARA LOS ENFERMOS

En cuanto a los enfermos de VIH o sida, las nuevas medidas supondrás "una sentencia de muerte", según fuentes textuales de la organización. Y es que señalan que se les negará la asistencia y el tratamiento, que "son la única opción terapéutica para tener un buen estado de salud y evitar la trasmisión de esta infección a otras personas".

Así, vislumbran que muchos inmigrantes "dejarán de tomar la medicación", y al haber estado anteriormente medicados, "se generarán resistencias a los tratamientos actuales". Por todo ello, subrayan que la reforma efectuada por el ejecutivo "ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchas personas".

Por otra parte, CESIDA informa de que han llegado informaciones desde el Ministerio de Sanidad en relación a su respuesta para la atención de los ilegales. De esta forma, declaran que ésta será "la creación de bancos de fármacos para su dispensación a las personas inmigrantes y con VIH".

Sin embargo, la organización se muestra a favor únicamente de incluir a toda la población en la red sanitaria. Lo contrario supondría "una sanidad de segundo nivel", concluyen sus responsables.