El CGPJ recopilará datos de todos los delitos cometidos por hombres sobre mujeres por el hecho de serlo

El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzará este año a recabar de los juzgados de todo el país los datos de denuncias por delitos cometidos por hombres contra mujeres por el mero hecho de serlo y analizará tanto los asesinatos como las sentencias que generen en este tipo de casos.

Es el acuerdo al que ha llegado este jueves el Grupo de Expertos de este organismo presidido por Ángeles Carmona, quien ha destacado que de este modo, el Poder Judicial comienza aplicar la parte que le compete del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para visibilizar y adoptar medidas sobre los delitos contra mujeres fuera del ámbito de la pareja.

Se trata, conforme ha explicado, de arrojar luz sobre la prevalencia de las violencias que define el Convenio de Estambul: delitos contra la integridad moral, física o sexual de las mujeres por serlo, matrimonio forzado, mutilación genital femenina o trata con fines de explotación, y que en virtud del acuerdo alcanzado por las instituciones de Estado y la sociedad civil deben considerarse violencia de género a todos los efectos, empezando por el estadístico.

De este modo, los juzgados habrán de remitir mensualmente información desagregada por género de todas las denuncias que tramiten así como de las sentencias y pronunciamientos que emitan por delitos cometidos por hombres sobre mujeres aunque no tengan una relación de pareja y en los que exista ese componente que Carmona ha definido como "desprecio de género".

La casuística es amplia, pues va desde las agresiones sexuales hasta el acoso laboral o callejero por razón de género pasando por delitos de lesiones, amenazas, vejaciones, explotación o prostitución forzada, por ejemplo, siempre que se entienda que la víctima lo sea por su condición de mujer. No entraría así un robo con fuerza, pero sí la agresión de un hombre a una prostituta.

Los datos comenzarán a recogerse tan pronto como la Comisión Nacional de Estadística Judicial acepte la propuesta, que le será remitida la próxima semana tras recabar el previsible apoyo favorable de la Comisión Permanente del CGPJ. Se podría así comenzar a conocer la magnitud de la violencia que denuncian en España las mujeres a partir de este mismo año. Sólo en el ámbito de pareja se recaban más de 140.000 denuncias anualmente.

Destaca en esta recopilación estadística el ámbito de la violencia sexual pues sólo se conocen las cifras de denuncias que recogen las fuerzas policiales y no desglosan el tipo de agresión más allá de si fue o no una violación consumada (de estas se denuncia una cada ocho horas).

"Se trata de hacer un seguimiento, no solo el número de denuncias sino también cuáles son las resoluciones judiciales que se adoptan sobre esos delitos, porque en este momento no tenemos datos estadísticos sobre ello y es importante visibilizarlo", ha señalado Carmona.

TODOS LOS HOMICIDIOS MACHISTAS

Por otra parte, en el ámbito de los estudios del Observatorio sobre los asesinatos y homicidios de mujeres por violencia de género, la institución incorporará aquellos que tengan lugar fuera del ámbito de la pareja. La idea es recabar información de todos los sucesos de este tipo y que el comité de expertos analice caso por caso cribando los que tendrían esa motivación machista. Comenzarán a sumar desde este 2018.

Además de conocer el volumen del machismo que mata en esos contextos como la trata o la agresion sexual, el Observatorio analizará las sentencias que las Audiencias Provinciales y los Tribunales de Jurado dictan al respecto.

Estos estudios tienen dos años de cadencia y en la actualidad el Observatorio está trabajando sobre los casos de 2016. Va a incorporar a ese análisis las sentencias que dictadas desde aquel año y que escaparon a la estadística oficial porque los crímenes se cometieron fuera del ámbito de la pareja.

Se pondrá conocer así no sólo lo que ocurrió con la víctima cuando la mataron --si tenía orden de alejamiento o si había denunciado acoso, por ejemplo-- sino también qué hicieron después los tribunales al respecto --si aplicaron agravantes de género o atenuantes de algún tipo, entre otros--. Aquí entrará, cuando se dicte, la sentencia sobre la muerte de Diana Quer.

"Haremos el estudio pormenorizado de cada uno de los casos, incluidos aquellos en que ha habido una denuncia previa, porque en esos el estudio es mucho más profundo para ver si se ha producido algún fallo de coordinación, ver si podemos seguir mejorando y proponer medidas para evitar en todo caso los delitos más graves, que es lo que queremos, acabar con estos delitos de violencia de género en su concepto ampliado", ha dicho Carmona.

También en materia de informes, Carmona ha anunciado que se elaborará en ese mismo grupo de expertos "un plan de seguimiento de las órdenes de protección para mejorar la predictibilidad del riesgo" en que se encuentran esas víctimas. Seis de las mujeres asesinadas el año pasado tenían una orden de protección en vigor en el momento del homicidio.

SENSIBILIZACIÓN OBLIGATORIA PARA JUECES

El ámbito estadístico no será el único que cambie para adaptarse al Pacto. Carmona ha anunciado que además, que se va a imponer la "obligación" de que todos los magistrados que se incorporen a un órgano judicial, sea o no específico de Violencia contra la Mujer, habrán de superar un curso de formación especializada "con contenido jurídico y de sensibilización" sobre estos asuntos.

Asimismo, se trabajará para impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal, pues actualmente sólo 26 lo están en toda España. Estos órganos son los que registran una ratio más baja de condenas por delitos de violencia de género y su especialización es una reivindicación clásica de las organizaciones de mujeres en el marco de la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de violencia.

Por último, el Grupo de Expertos ha acordado "seguir enviando recomendaciones" a los juzgados sobre asuntos que les preocupan como las denuncias cruzadas en violencia de género, las apelaciones al pretendido síndrome de alienación parental o el modo adecuado para anordar al menor como víctima directa de la violencia sobre sus madres.

REFORMAR LA LECRIM PARA PROTEGER A LOS NIÑOS

Precisamente, la protección de los menores es uno de los asuntos centrales de ese Pacto de Estado en el que se contemplan medidas como la suspensión automática del régimen de visitas cuando se produzca una condena por violencia de género y en los casos en que aún sin condena, conste que el menor ha presenciado los hechos denunciados. "Es una medida importantísima del pacto", ha señalado.

Carmona, quien se ha mostrado partidaria de automatizar esta suspensión del régimen de vistas cuando haya condena de igual modo que en la actualidad se impone sistemáticamente una orden de alejamiento con la sentencia, ha recordado que para ello se requiere una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma que aún no se ha acometido.

Confía en que no tardarán en llegar los cambios legislativos y recuerda que el plazo de aplicación es de cinco años. "Estamos muy esperanzados de que realmente exista esa voluntad de poner en marcha todas y cada una de las medidas porque el propio oacto contiene una previsión económica de cuánto va a costar. Hacen falta recursos, si no no se pueden poner en marcha y estamos muy esperanzados de que el motivo economico no sea una excusa para no ponerlo en marcha cuanto antes", ha añadido.