CSIF-A reclama una estrategia en seguridad y salud que impulse la prevención de riesgos laborales

Según indica el sindicato en una nota, para CSIF-A, "a pesar de los años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, estamos muy lejos de alcanzar la cultura preventiva que preconiza dicha Ley y todo ello a pesar del coste humano y económico de no realizar prevención".

Según CSIF, "es necesario que la sociedad en general y las empresas en particular tomen conciencia de que la prevención de riesgos laborales, además de responder al derecho a la protección eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores, supone una inversión rentable para aumentar la productividad de las empresas y de la economía española".

En este sentido, lamenta que "a pesar de los avances realizados en aspectos técnicos y en medicina, todavía nos encontramos ante unas escalofriantes cifras de muertes y lesiones laborales". Ha recordado que según la OIT, "cada año se producen 250 millones de accidentes de trabajo en el mundo y 160 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo y cada año se producen alrededor de 1.200.000 muertes relacionadas con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".

El sindicato agrega que en estos años "se ha prestado más atención a la seguridad que a la salud de los trabajadores, de forma que la vigilancia de la salud de los trabajadores no se ha desarrollado según las previsiones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Ha recordado en ese punto que "la vigilancia de salud es una obligación que tiene que cumplir todas las empresas sin excepción y un derecho irrenunciable de los trabajadores".

CSIF-A considera que "la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales a los empleados públicos ha presentado importantes deficiencias, y esto no lo decimos solo nosotros, lo dijo la Estrategia de Seguridad y Salud 2007-2012, deficiencias que por cierto aún siguen sin corregirse".

Igualmente, CSIF-A entiende que "se está produciendo un deficiente ejercicio efectivo de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene como consecuencia un menor grado de efectividad en las políticas preventivas", por lo que considera "imprescindible" impulsar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas y la potenciación de los comités de seguridad y salud como organismo paritario de consulta y participación en materia de prevención en la empresa.

PETICIÓN DE CSIF MÁLAGA

Por su parte, CSIF Málaga ha hecho especial hincapié en exigir "la máxima protección a los trabajadores ante agresiones físicas y verbales" y ha exigido que empresas privadas y administraciones públicas "establezcan las medidas de protección necesarias para sus trabajadores, sobre todo, en caso de registrarse agresiones".

Considera en una nota que, "aparte de los casos extremos de agresiones o intentos de agresión, los insultos, descalificaciones o amenazas también deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo".

En este sentido, CSIF exige tanto a las empresas como a la Administración "la máxima protección a los trabajadores ante*agresiones tanto físicas como verbales y que no pueden desempeñar su trabajo en condiciones de libertad y en espacios sin violencia".

Por ello, esta central sindical reclama a la Administración "un protocolo de actuación que incluya un registro sistematizado de agresiones en todos los ámbitos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento".

Por otro lado, la central sindical considera que los recortes "han afectado a las medidas preventivas en la Administración, haciendo que surjan nuevos riesgos laborales y que reaparezcan otros que parecían ya controlados".

CSIF señala que los riesgos psicosociales, como estrés, acoso laboral o sobrecarga, "van en aumento en la Administración por las precarias condiciones laborales en las que muchos trabajadores desarrollan su trabajo", por lo que "exige una evaluación eficaz de las condiciones laborales y la aplicación de las consecuentes medidas preventivas y correctivas en los centros de trabajo".

El sindicato apuesta por el trabajo de delegados de prevención "para lograr espacios laborales saludables, donde la prevención de riesgos esté integrada en la cultura de la organización". Esta central sindical considera que "las debilidades encontradas en la prevención radican en la falta de recursos humanos y materiales y en la falta de compromiso por parte de la Administración, ya que en muchos casos son los delegados de prevención los que llenan de contenido la actividad de los comités de seguridad y salud, con las iniciativas, actuaciones y propuestas que realizan".