El CSN informa favorablemente sobre las condiciones para el cierre de la central

Se trata de un informe solicitado por el Ministerio de Industria a comienzos de este año, pero previo a la decisión del titular de la explotación, Nuclenor, de solicitar de nuevo al Gobierno un año más sin operar para decidir si pide una renovación de su licencia, que en principio expira el próximo 6 de julio.

Así, el organismo regulador recuerda que el pasado 3 de enero de 2013, el Minetur solicitó informe preceptivo en relación con el cese definitivo de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña, a petición del titular, Nuclenor, S.A., por razones ajenas a la seguridad nuclear, comunicada el 28 de diciembre de 2012.

La fecha de límite de emisión de este informe el 6 de junio del presente año y, por ello, el CSN ha aprobado los limites y condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica que han de aplicar a dicha declaración de cese de explotación y que han sido establecidos teniendo en cuenta los riesgos asociados a la situación de parada definitiva de esta instalación nuclear y las actividades a desarrollar a partir de tal fecha hasta la obtención de la correspondiente autorización de desmantelamiento.

En este sentido, recuerda que el artículo 38 bis de la Ley de Energía Nuclear establece que el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, estando previsto que la autorización de desmantelamiento sea presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A (ENRESA).

La licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) expira el próximo 6 de julio, después de que en 2009 se le concediera una prórroga de su actividad de cuatro años, frente a la solicitud del titular para seguir operando hasta 2019. Posteriormente, el Ejecutivo del PP aprobó una orden ministerial para mantener abierta la posibilidad de que Garoña solicitara una nueva renovación de la autorización.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre Nuclenor comunicó su decisión de desacoplar la planta y dejar de generar electricidad al considerar que los cambios normativos y los nuevos impuestos del Gobierno en materia de energía, le generarían un coste impositivo de unos 153 millones de euros, lo que haría inviable la continuidad por motivos económicos. Por este motivo, el ministerio de Industria solicitó al CSN el informe sobre el expediente de cierre de la central el próximo mes de julio.

No obstante, el pasado 16 de mayo, Nuclenor solicitó a Industria la renovación parcial de esa orden ministerial del pasado mes de julio. Independientemente del informe aprobado ahora, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también dio su visto bueno el pasado día 23 de mayo a esta petición para que el Gobierno le conceda un año de plazo más en el que pueda pedir una renovación de su licencia de operación.

Ahora, la decisión está en manos del departamento de dirige José Manuel Soria, quien reiteró este lunes en el Senado, antes y durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que el Gobierno es "partidario" de que la planta burgalesa siga operando siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador.

Además, ha manifestado que el Ejecutivo no desprecia ninguna tecnología y ninguna fuente de energía en mix y que, por ello, si el CSN es favorable a la solicitud planteada, el Gobierno también lo será.