Cae una red internacional de prostitución dirigida por una ucraniana

Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las jóvenes vivían en condiciones "especialmente penosas", ya que estaban obligadas a permanecer "al menos veintiún días" en los burdeles asignados, donde vivían hacinadas junto a otras compañeras -dormían hasta tres mujeres en un mismo sofá- y estaban disponibles 24 horas al día.

El importe de cada servicio sexual se repartía al 50 por ciento entre la organización y las víctimas, a las que además cobraban diez euros diarios en concepto de manutención y alojamiento, así como otras sanciones económicas o "multas" si se desviaban de las normas impuestas.

La intervención policial, en la que también se han incautado 3.425 euros en efectivo, ha impedido la apertura de dos nuevos prostíbulos en Madrid y en Barcelona.

La investigación se inició en junio de 2009 a partir de unas informaciones facilitadas por las autoridades rusas en las que se informaba de la existencia de una organización internacional dedicada al tráfico de mujeres para explotarlas sexualmente en España, concretamente en Tenerife.

Sin embargo, los agentes españoles determinaron que no actuaban únicamente en esta isla, que el grupo extendía su actividad delictiva a las provincias de Barcelona y Tarragona, y que contaban con una estructura diferenciada compuesta por varias secciones.

Disponían de un aparato de captación de nuevas víctimas con sede en los países de origen de las mujeres traficadas, otra rama se encargaba del transporte y, por último, otros operaban en el sector dedicado a la explotación directa de las jóvenes en burdeles repartidos por toda España.

La organización en España estaba liderada por una ciudadana ucraniana residente en Tenerife que, además de supervisar directamente los prostíbulos, ejercía de enlace con los miembros de la red que se encargaban de captar a las chicas en sus países de origen, y recibía el apoyo de ciudadanos rusos y bielorrusos para la gestión y control de los pisos-prostíbulos.

Cada uno de estos locales disponía de una "mami" o encargada, responsable de facilitar información a los clientes sobre las jóvenes disponibles en cada momento, negociar las condiciones de los servicios sexuales y efectuar el cobro.

Bajo su mando, en un escalón jerárquico inferior dentro de la organización, tenían a varios "matones" con funciones de seguridad en los locales, que también se encargaban de los traslados de las jóvenes.

Para extender su ámbito de actuación a otras provincias españolas, la red ofrecía a las víctimas la posibilidad de "promocionar" y ocupar estatus superiores dentro de la estructura organizativa.

Primero, las mujeres eran explotadas por la organización y una vez demostrada su lealtad, podían pasar a ser encargadas en los prostíbulos.

Posteriormente, y tras un periodo de prueba, se las consideraba preparadas para actuar sin supervisión y las enviaban a otras provincias donde debían seleccionar un inmueble apto para establecerse, generalmente en pisos bajos de fácil acceso y con escasos vecinos.