Canarias, Valencia, Asturias, Baleares y Madrid suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según un estudio

Las comunidades autónomas de Canarias, Valencia, Asturias y Madrid han vuelto a suspender en la aplicación de los servicios y prestaciones de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según el VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Junto a estas regiones, se encuentran en la parte baja de la tabla las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión en este ámbito depende directamente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso. Por el contrario, las que mejor aplican la norma son las comunidades de Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Castilla y León, seguidas de La Rioja y Aragón.

El trabajo refleja el descenso de alguna comunidad en la aplicación de la ley respecto al dictamen anterior, como es el caso de Andalucía, que tras ocupar los primeros puestos en otros rankings, cae por segunda vez consecutiva y se sitúa en la mitad de la tabla. Lo mismo ocurre con Asturias, que vuelve a bajar a tres. Extremadura y Murcia, ambas con cinco puntos, se mantienen en el aprobado.

Según el Observatorio, a nivel general, continúa registrándose una mejora en la implantación de la Ley de Dependencia, pasando de una puntuación media de 4.97 puntos en enero de 2010 a 5,44 en junio de ese mismo año, 5,6 en enero de 2011 y 5,9 en junio de este año.

Respecto a la situación global del Sistema de Dependencia, al finalizar el cuarto año de aplicación de la norma, constata cuatro aspectos "esencialmente preocupantes": la "cronificación" del 'limbo de la dependencia' --personas que esperan ser atendidas, a pesar de contar con un dictamen favorable--; las dificultades derivadas del sistema de financiación; el "sobredimensionamiento" de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; y la falta de transparencia informativa.

Así, con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con fecha de 1 de junio, un total de 309.800 personas (el 30 por ciento de los dependientes) se encuentran en el 'limbo de la dependencia', que, a juicio del Observatorio, "muchas de estas personas, por su edad y circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el timepo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho".

En este sentido, canarias está a la cabeza con un 60 por ciento de dependientes con derecho reconocido que aún esperan ser atendidas. A la región canaria le siguen Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Por su parte, La Rioja, con solo un 11 por ciento es la comunidad donde menor es este limbo.

Sobre las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, este Observatorio afirma que sigue "sobredimensionada", ya que recibe el 55 por ciento de los beneficios del sistema, una tendencia que, además, "es creciente". En números absolutos, 401.176 personas reciben prestación económica frente a los 110.586 que reciben servicios personalizados de ayuda a domicilio o 51.765 en centros de día.

TODAVÍA NO HAY UNA EVALUACIÓN DE LOS 4 AÑOS

En cuanto a la transparencia informativa, el Observatorio denuncia que las deficiencias del sistema y los incumplimientos del Consejo Territorial de la Dependencia debían haberse publicado en julio de 2010 con el nuevo sistema de información. Asimismo, este organismo protesta por que la evaluación de los cuatro años de la ley no se haya realizado aún, a pesar de contemplarla la propia norma. Lo mismo ocurre con el informe bianual del Imserso que también está pendiente de publicarse.

"Esta situación sería impensable en otro ámbito de la protección social, como en materia de desempleo, pensiones, salud o educación. Evidencia un gravísimo déficit democrático que debe ser corregido de manera inmediata, incluso si es preciso con la determinación de las más altas instancias del Gobierno, en el caso de que los gestores directos del sistema no lo resuelvan de inmediato", concluye el dictamen.