Cantabria considera "inadmisible" la decisión del Gobierno vasco de no aplicar el copago

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado este jueves que el Gobierno vasco "está todavía a tiempo" de reconsiderar su decisión de "no implantar la aportación farmacéutica del usuario en función de la renta", porque se trata de una medida "jurídicamente inadmisible", que "atenta contra los principios de igualdad, equidad y cohesión" en los que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud.

Sáenz de Buruaga ha hecho estas declaraciones en relación con el Decreto aprobado por el Gobierno vasco que mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En un comunicado, la consejera ha pedido al responsable vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, "responsabilidad y también solidaridad" tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha servido para que las comunidades autónomas "se refirmen", ha dicho, en la necesidad de reformar el sistema sanitario público como "única garantía" de sostenibilidad, en un día en el que, además, se acababan de hacer frente a más de 12.000 millones de euros de pago a proveedores por deuda sanitaria de las autonomías.

Según Saenz de Buruaga, se trata de una reforma realizada "a instancia y con el acuerdo" de las comunidades autónomas y que se ha defendido como "única alternativa al desmoronamiento del sistema". En este contexto, la decisión del Gobierno vasco "mereció el reproche" de comunidades autónomas como Cantabria, ha recordado.

La consejera ha dicho que "respeta" las argumentaciones del País Vasco, pero "no le valen", al tiempo que le ha pedido "un gesto de responsabilidad y solidaridad", porque "aún está a tiempo de reconsiderar una medida jurídicamente inadmisible", ha reiterado, puesto que "las leyes se aprueban para ser cumplidas y obligan a todos, gusten o no, y porque el decreto atenta contra "los principios de igualdad, equidad y cohesión en los que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud. "Unos principios a los que hemos tenido la oportunidad de apelar conjuntamente", ha añadido.

Sáenz de Buruaga ha lamentado "la falta de coherencia" con esos principios, "que han quedado aparcados", y la "discrepancia" del Gobierno vasco entre "las palabras y los hechos que - ha añadido- evidencian una gran deslealtad con el Sistema Nacional de Salud".

"DESFINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS"

La vicepresidenta ha respaldado la revisión del Nomenclator (el listado que recoge los medicamentos con financiación pública) aprobada por el Consejo Interterritorial, que supone que el Sistema Nacional de Salud dejará de financiar 426 medicamentos, "bien obsoletos, de escaso valor terapéutico y, en cualquier caso, para síntomas menores, con sustituto en el sistema público".

Según la consejera, se trata de una medida de "racionalización y eficiencia" que se ha adoptado de acuerdo con criterios "técnicos y profesionales", contando con la opinión de las comunidades autónomas y que supone la "alternativa necesaria" para que el sistema público pueda seguir financiando terapias y medicamentos para enfermedades graves.

Además, el hecho de que los medicamentos para síntomas menores tengan que ser recetados por un médico, no por motivos terapéuticos, sino para que el usuario pueda ahorrarse un porcentaje, genera una actividad en los centros de salud sin valor clínico y, a la vez, "innecesaria", pues por sus características farmacológicas pueden ser adquiridos sin receta, ha dicho.

Sáenz de Buruaga ha hecho hincapié en que excluir un fármaco de la financiación pública no significa que no se pueda prescribir, aunque los pacientes tendrían que pagar la totalidad del precio. Ha subrayado que la inclusión y exclusión de medicamentos en el Nomenclator "es la consecuencia de un necesario proceso de actualización que se debe ver con absoluta normalidad, que debería ser una práctica habitual y que, además, no es la primera vez que ocurre en este país".

Y ha recordado que el Gobierno de Felipe González "desfinanció" 740 fármacos muy comunes, entre ellos la aspirina. En 1998, se revisó la financiación de otros 834.