Cataluña ve una "ofensiva" en la reforma e insta a ver cómo afectará a la lengua de las clases

"Hemos visto el informe del Gobierno, ahora hay que ver el articulado, y qué decretos pueden salir y cómo afecta en horas de lengua castellana en los territorios con lengua cooficial, y, sobre todo, en qué lengua hay que impartir el currículum", ha dicho la consejera en declaraciones a los medios.

Según Rigau, no tiene sentido que el Gobierno determine qué debe enseñarse si no tiene la responsabilidad de los colegios ni de los alumnos, ya que la reforma aumentará su capacidad de decisión sobre los contenidos de las asignaturas a un 65% en las comunidades con lengua cooficial y al 75% en el resto --diez puntos más que ahora, respectivamente--.

La consejera ha lamentado que el 65% de contenidos comunes que el Gobierno dictará a comunidades como Cataluña acaban representando un 75% del currículum si se suma el catalán, por lo que ha censurado que el Gobierno entienda que un 75% de las asignaturas es una exigencia de "mínimos".

Para la consejera, esta reforma deja a las comunidades autónomas la infraestructura educativa, mientras que da al Gobierno la determinación de la política educativa y la ordenación del sistema, por lo que ha asegurado que esta reforma podría dejar al Estatut "altamente afectado".

Aunque ha admitido que es importante que todos los alumnos españoles tengan las mismas competencias, ha reclamado que sean las comunidades quienes las determinen, mientras que aquellas que no deseen ejercer esta competencia ha sugerido que la devuelvan al Estado.

"Es mejor que estas comunidades devuelvan la competencia, que no que el Gobierno vuelva a quitársela a todo el mundo", ha explicado Rigau.

SIN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La reforma educativa, además de la determinación del currículum, propone la introducción de pruebas de evaluación diagnóstica al final de las etapas educativas de Primaria y Secundaria, algo que la Generalitat ya realizaba por su cuenta.

Con la nueva normativa, Cataluña debería someter a sus alumnos a exámenes pensados desde el Ministerio en lugar de hacerlo desde el Consejo Superior de Evaluación de Cataluña, por lo que Rigau ha lamentado que "tenga que acabarse unificando y explicando lo mismo" en todas partes.

Ha criticado que a una Administración que no vive de cerca la situación de alumnos y centros no le corresponde determinar los contenidos, así que ha juzgado que este anteproyecto es "altamente político y poco pedagógico".