La Generalitat de Cataluña cede a la presión de la CUP y se retirará como acusación de causas por disturbios y protestas callejeras registradas en huelgas generales o desalojos de okupas. Es decir, el gobierno catalán acepta una de las condiciones impuestas por los antisistema para facilitar la investidura de Carles Puigdemont. La decisión ha indignado a los sindicatos policiales.
