Ceuta compra por emergencia 90 chalecos antibalas para su Policía Local por el "grave riesgo" que corre

El Ejecutivo local, que preside Juan Vivas (PP), ha desistido del concurso convocado el pasado 30 de enero para la adquisición a subasta de 75 equipos de protección de la misma naturaleza y ha promovido la compra directa sin concurrencia pública de 90 chalecos por 58.500 euros, decisión que el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha anunciado este martes que pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas al entender que no se somete a los requisitos estipulados en la Ley de Contratos del Sector Público.

El cambio de sistema de compra adoptado por la Administración responde a varios informes del superintendente jefe de la Policía Local, Ángel Gómez, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press y en los que se tilda de "grave riesgo" el que corren sus agentes en "las circunstancias actuales, con el prolongado conflicto en Siria, el deterioro de la situación en Irak y los graves acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en países de la Unión Europea, que evidencia una amenaza directa contra intereses occidentales que tiene implicaciones en nuestra seguridad".

Gómez recuerda que durante el año pasado se registraron "catorce enfrentamientos armados con un balance de cuatro muerto y quince heridos" en Ceuta "y en concreto en zonas de especial sensibilidad a hechos delictivos como las barriadas del Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe". "Se ha llegado el punto en ocasiones" --ha destacado--, "que dichos ataques han sido realizados contra los propios agentes locales".

El superintendente añade que existe "constancia suficiente" de que la determinación del estado de alerta a nivel nacional "tiene especial incidencia en Ceuta, máxime cuando desde el 21 de enero se ha llevado a cabo un operativo antiterrorista con la detención de cuatro presuntos yihadistas de similitud con los terroristas actuantes en los recientes atentados de Francia".

En su petición añade que "la dilación indebida en la tramitación de la solicitud puede conllevar, por un lado, la adopción de otros niveles de alerta que no justifiquen el procedimiento de contratación y, por otro, la responsabilidad patrimonial de la Administración con sus empleados si el perjuicio invocado es real, efectivo y responda a la relación causal con lo que se pretende paliar".