CiU propondrá el martes en el Congreso un acuerdo político y social con las CC.AA. para garantizar la Ley de Dependencia

La iniciativa es consecuencia de una interpelación del diputado Carles Campuzano a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que el nacionalista catalán denunció que el sistema actual de Dependencia está "ahogando" económica y financieramente a las comunidades autónomas.

A su juicio, el actual modelo no tiene en cuenta el coste real de los servicios que prestan las comunidades, que para cubrir las prestaciones ya reconocidas se van a ver obligadas a incrementar su gasto o, bien, a elevar los niveles de copago. A su juicio, se trata de una tendencia que se agrava si, como está sucediendo, el Estado reduce su aportación presupuestaria.

Por ello, propone que dicho acuerdo deba orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, basándose en los costes reales de las prestaciones de las comunidades autónomas, más allá del horizonte 2015, con el objetivo de alcanzar un gasto estable en estas políticas.

Igualmente, quiere que dicho pacto revise la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia.

Asimismo, plantea en la moción que el citado acuerdo posibilite el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y a los Estatutos de Autonomía a las comunidades autónomas.

Finalmente, desea que se suprima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, actualmente en tramitación parlamentaria, la disposición adicional cuadragésima por la que se suspende la aplicación de determinados preceptos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y a mantener, hasta que se reforme el sistema de financiación, el nivel conveniado del Sistema de Atención a la Dependencia, por tratarse de recursos del todo imprescindibles para que las comunidades autónomas puedan atender a los usuarios del sistema.