CiU emplaza al Gobierno a promover un pacto de Estado por un gasto mínimo en Educación y Sanidad

CiU ha emplazado al Gobierno a promover un "gran acuerdo político" para garantizar el mantenimiento del Estado del Bienestar, que establezca para el corto y medio plazo, un suelo social de gasto mínimo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, incluida la Atención a la Dependencia.

Se trata de una de las propuestas de resolución formuladas por la formación nacionalista catalana al Debate del Estado de la Nación, que ha sido recogida por Europa Press, y que pide también que se refuerce el gasto en estas partidas, respecto al gasto global de las Administraciones Públicas. Se votarán este jueves en el Pleno del Congreso.

Igualmente, plantea que se reformen los sistemas de redistribución de la renta y se destine un porcentaje de los ingresos obtenidos en la lucha contra el fraude fiscal a la pobreza y la exclusión social, al mismo tiempo que se extiendan los comportamientos empresariales responsables con la sociedad.

MÁS APOYO A LAS FAMILIAS

CiU también quiere que el Gobierno dé más apoyo a las familias y por eso le sugiere que incremente y amplíe la deducción por maternidad establecida a 2.400 euros anuales en el caso de menores de 3 años y ampliarla, para aquellas mujeres con hijos de entre 3 y 18 años, por importe de 1.200 euros anuales por hijo.

A su vez, propone un aumento a la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo a 1.200 euros, así como elevar a 25.400 euros los ingresos anuales percibidos para tener derecho a la prestación. Asimismo, aconseja al Gobierno que eleve en la misma proporción el importe de la prestación en los supuestos de familias numerosas y en los que el hijo o menor acogido tenga la condición de persona con discapacidad.

Además, plantea que se reduzca la brecha salarial de género y se evite la pobreza con empleo, se restablezcan las competencias de la administración local en materia de servicios sociales, se traspase a Cataluña la gestión del 0,7% del IRPF.

La formación que lidera Duran i Lleida plantea entre sus propuestas que el Gobierno presente ante el Congreso de los Diputados un estudio sobre el agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad.

En materia sanitaria, CiU quiere que se garantice el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, se establezca un tope máximo de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, similar al establecido para los pensionistas, a aquellas personas que padezcan patologías de carácter grave o crónico.

Igualmente, solicita al Gobierno en el Congreso que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto Ley del Parlament de Cataluña de 2013 que modifica el Código de Consumo de Cataluña con el fin de garantizar protección, en materia de energética al consumidor vulnerable.

En violencia de género, insiste en la necesidad de revisar la Ley de violencia de Género, dotar a las comunidades autónomas de los medios económicos necesarios para impulsar medidas educativas de igualdad ante el preocupante aumento de conductas machistas entre los adolescentes.

PROPUESTA SOBRE EDUCACIÓN

CiU ha registrado otra propuesta de resolución al debate sobre Educación, en la que quiere instar al Gobierno a mejorar la calidad educativa consensuadamente con las administraciones autonómicas y el conjunto de fuerzas parlamentarias y para ello insta al Gobierno a paralizar la LOMCE, derogar el decreto de julio 2014 que regula la expropiación de hasta 6.000 euros a la Generalitat para destinarlos a la escolarización, en una escuela privada y en castellano, de alumnos escolarizados en el sistema público.

A su vez, propone que modifique el calendario de implantación del nuevo currículum de la ESO y Bachillerato a fin de aplazar su precipitada implantación en el próximo curso 2015-2016, y reitera la necesidad de que se traspase a la Generalitat el pleno ejercicio de gestión de las becas y ayudas con cargo a los Presupuestos.

Plantea también un incremento anual el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del Estado en esta materia a la media comunitaria.

Adecuar los requisitos económicos para el otorgamiento de becas y ayudas al estudio (umbrales de renta y de patrimonio familiar) a la realidad económica (coste de la vida) y social de las diferentes comunidades autónomas, para que sean más equitativas y justas, es otra de sus reivindicaciones, junto con un estudio del impacto que la implantación de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias según lo establecido en el decreto de reforma universitaria.

Otra de sus propuestas de resolución se centra en el sistema de Dependencia, y CiU pide que un aumento progresivo de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas destinadas a las políticas de dependencia, con el objetivo de equilibrar, a corto plazo, las aportaciones de ambas administraciones para estas políticas.

Asimismo, quiere que se restaure de forma inmediata el nivel de financiación conveniado, se incrementen los recursos previstos en 2015 para financiar el Sistema, además de que se modifique, mediante un amplio acuerdo político y social con las comunidades autónomas y los agentes sociales y económicos, el régimen de financiación del sistema.

MÁS PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y A LA INMIGRACIÓN

En otra propuesta de resolución, CiU pide más atención al medio ambiente y, con ello, que se distribuyan territorialmente entre las comunidades autónomas los recursos destinados a materializar las políticas de investigación, mitigación y adaptación al Cambio Climático.

Modificar el caudal ambiental establecido en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado por decreto en febrero de 2014, y revisar el reglamento de la Planificación Hidrológica y los planes relativos al segundo ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021) para que garanticen los niveles de conservación de los hábitats de interés comunitario es otro de los planteamientos que lanza al Gobierno.

Asimismo, en su propuesta número 15 exige la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana de la disposición que permite las llamadas devoluciones en caliente porque, a su juicio, vulnera no sólo el ordenamiento jurídico sino los derechos y libertades humanas y de los textos internacionales firmados por el Estado español.

Además, quiere que se dé la máxima información sobre la gestión del dispositivo en la frontera entre Ceuta y Melilla con Marruecos, y se impulse en el seno de la Unión Europea una política de los flujos migratorios compartida con los países de origen y tránsito.

Revisar el Reglamento de organización de los Centros de Internamiento de Extranjeros y priorizar las políticas de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico bajo una óptica de respeto a los principios de movilidad sostenible son otras de sus propuestas.