CiU pide la retirada de la Ley de Infancia y Adolescencia por cuestiones competenciales

Aunque comparte "en esencia" los objetivos planteados en el proyecto de ley, como dar respuesta a las necesidades actuales de los menores y "dado que cualquier medida que mejore la protección de los menores siempre es bien recibida", "si bien hay muchos aspectos competenciales" que no comparte.

"Esta ley supone una invasión competencial en aquellas comunidades autónomas que tienen reconocida en sus estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de protección de menores", incide CiU.

Entre otros puntos, señala que el proyecto de ley ignora la realidad de las comunidades autónomas con derecho civil propio, como Cataluña, que ostenta la competencia exclusiva en materia de derecho civil, de conformidad con su estatuto de autonomía.

Así, CiU considera que los artículos modificados del Código Civil en el proyecto de ley, en particular los que hacen referencia a la protección a la infancia, deberían aplicarse con carácter supletorio en aquellas comunidades autónomas con competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.

EL CASO DE LAS ADOPCIONES

Como punto "especialmente delicado del proyecto" al implicar una "invasión flagrante" de las competencias autonómicas, CiU apunta a la modificación de la Ley de Adopción Internacional, en la que se establece que la decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de origen corresponderá a la Administración General del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional.

Además, la formación nacionalista considera que la afectación competencial es "más grave si cabe" por ser Cataluña la única comunidad autónoma que dispone de una entidad autónoma administrativa para tramitar los procesos de adopciones internacionales y efectuar su seguimiento posterior, así como supervisar dicha actividad cuando ésta sea delegada a instituciones o entidades colaboradoras, además de gestionar un volumen de expedientes de tramitación de adopciones internacionales que representan un porcentaje destacable en relación con el total estatal.

"Es totalmente discutible y a nuestro entender una irresponsabilidad por parte del Gobierno del todo inaceptable, la disposición final décima en la que se establece que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Ello supone que muchas de las medidas contempladas en el proyecto de ley sean totalmente inviables por falta de dotación económica", sentencia.