La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte define en Madrid su estrategia para los próximos tres años

Fundada en 2010 por iniciativa del Gobierno español, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte tiene como objetivo promover la abolición de la pena capital con carácter universal por considerarla un castigo que viola el derecho a la vida reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este órgano promueve la abolición de la pena de muerte entre los Estados que ya aplican una moratoria de facto, propugna la introducción de moratorias de ejecución en los Estados que continúan aplicando la pena capital y urge a respetar los estándares mínimos internacionales a aquellos Estados que siguen llevando a cabo ejecuciones.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, la primera parte de la reunión celebrada en Madrid ha estado consagrada a intercambiar información con las organizaciones no gubernamentales más activas en materia de lucha contra la pena de muerte, así como con organizaciones internacionales que desempeñan una labor en este terreno: la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

En concreto, la Comisión ha evaluado las actividades llevadas a cabo en el último año, ha diseñado su estrategia para el periodo 2013-2015 y ha revisado las acciones que viene llevando a cabo con vistas a la adopción dentro de unas semanas de la cuarta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la moratoria universal del uso de la pena de muerte.

Para conmemorar el 10 de octubre, día mundial contra la pena de muerte, la CIPM ha organizado en Madrid este martes una mesa redonda con miembros de la propia comisión, representantes de la sociedad civil y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Exteriores ha destacado en su nota de prensa que la CIPM recibe el apoyo de una quincena de países, entre los que se encuentra España, "cuyo compromiso con la causa abolicionista constituye una prioridad en su política exterior de Derechos Humanos".