Comité de Prevención de Tortura señala fallos en asistencia médica y legal en los vuelos de deportación de inmigrantes

El informe recoge las recomendaciones elevadas a España así como su réplica tras la visita que el CPT hizo el pasado mes de febrero a un vuelo de deportación de la Agencia Europea FRONTEX organizado por España con destino a Colombia y República Dominicana. En aquel operativo fueron deportadas 70 personas de las que una parte estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid y el resto, detenidas en comisaría.

Tras entrevistarse con los internos y participar en el operativo, los funcionarios de este organismo con sede en Estrasburgo redactaron sus recomendaciones, entre las que figura la necesidad de avisar de la deportación con varios días de antelación a los afectados, pues el CPT relaciona directamente el escaso margen de tiempo con que se les avisa con diversos problemas y entre ellos, la falta de acceso a un abogado.

Según explica, todos los entrevistados que habían estado en el CIE excepto uno, que lo sabía porque fue trasladado a Aluche desde otro centro, fueron notificados por escrito de su deportación "exactamente 12 horas antes", tal y como dicta la normativa española.

Bastantes dijeron que era un margen insuficiente para que les remitiesen sus pertenencias, muchos refirieron que no les habían dicho que pudiesen llevárselas y casi todos se quejaban de no haber podido retirar su dinero del banco. "Uno de los deportados iba vestido con el uniforme de la empresa que llevaba cuando fue detenido", dice el informe.

En los detenidos en comisaría, la situación fue peor. Ninguno había sido notificado por escrito, sino "de forma oral por agentes de policía" y "sólo unas horas antes de que la operación de repatriación comenzase". Sólo uno pudo contactar con su familia para avisar de su deportación y lo hizo minutos antes de salir hacia el aeropuerto, según el CPT.

"Dejar que la persona sea deportada sin haber sido notificada del operativo y en particular, de la fecha de salida, puede dañar más que ayudar. La experiencia muestra que en lugar de facilitar el proceso, incrementa el riesgo de que la persona se resista con violencia", dice el informe.

Por todo ello, el CPT recomienda a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias "incluidas las de naturaleza legislativa", para asegurar que "todas las personas que van a ser expulsadas y sus abogados, si es el caso, sean informadas oficialmente y por escrito, en un lenguaje que comprendan, al menos varios días antes". España contesta que si bien dar más antelación de las 12 horas actuales es "deseable, no se puede garantizar por razones de organización de los vuelos y disponibilidad de los deportados".

SIN PODER HABLAR CON EL ABOGADO

El CPT incide en este asunto cuando se refiere al acceso a un abogado, pues si bien en España sobre el papel todos los inmigrantes tienen derecho a ello, "claramente, la práctica de la notificación tardía o incluso en el último minuto de una deportación inminente supone el riesgo de convertir el acceso a un abogado en una ilusión", aunque resulta "esencial" que ese acceso "sea inmediato".

Explica que muchos de los retornados entrevistados en el CIE dijeron haber tenido dificultades para contactar con sus abogados porque "no estaban inmediatamente disponibles". De nuevo, en las expulsiones express (desde comisaría) "bastantes personas entrevistadas no habían tenido la posibilidad de hablar con su abogado".

El CPT incide en que "en España puede pasar mucho tiempo hasta que una orden de expulsión es ejecutada" y de hecho, la de uno de los inmigrantes que viajaba en el vuelo supervisado había sido dictada en 2010, plazo en el que "la situación de la persona puede haber experimentado cambios significativos".

Por eso, recuerda que el acceso a un abogado "es esencial para realizar esa alegación o incluso una solicitud de asilo". De hecho, inicialmente en el vuelo supervisado iban a viajar 80 personas pero de ellas, 10 se quedaron en tierra "por varias razones, incluyendo un procedimiento de asilo pendiente y la intervención de un juez".

En la réplica de España, el Ministerio del Interior responde alegando que el derecho a un abogado está blindado en la normativa sobre centros de detención y que existen acuerdos con los colegios de abogados para casos urgentes. "En opinión del CPT, el acceso a un abogado no debería estar sólo garantizado en la ley sino facilitarse activamente en la práctica. Las autoridades están empleazadas a tomar las medidas necesarias al respecto", dice el informe.

EL MÉDICO NO CONOCE LA SALUD DEL REPATRIADO

Por otra parte, el CPT se refiere a la asistencia sanitaria antes y durante el vuelo de deportación y encuentra "deficiencias". Según expone, antes del vuelo no se realiza ningún chequeo médico a los inmigrantes y no se les expide por tanto, un certificado de 'apto para volar'. Tampoco llevan consigo información médica alguna por lo que el doctor de a bordo "desconoce el estado de salud" del pasaje que ha de supervisar durante el operativo.

Afirma que si bien se les hace un reconocimiento básico cuando son internados en un CIE, se trata de una revisión somera que "no significa inmediatamente que esa persona sea capaz de volar en caso de deportación". Cuando se trata de quienes son expulsados desde comisaría, "esas personas no han pasado ningún examen médico" y los que son deportados desde una cárcel "fueron examinados de cara a su admisión en el centro penitenciario pero no con miras a su deportación".

El informe expone que durante el vuelo supervisado hubo un incidente que puso de manifiesto estas deficiencias. Después de unas tres horas de vuelo, el médico de a bordo, un hombre de 54 años perdió el conocimiento. El médico le puso oxígeno y en principio se recuperó, pero al poco tiempo volvió a quedarse inconsciente y hubo que proporcionarle oxígeno de nuevo.

"La delegación observó que el médico de abordo no volvió a examinar a esa persona durante el vuelo y no transmitió ninguna información sobre este incidente ni al paciente ni a las autoridades colombianas", dice el Comité, para concluir que "la causa de la pérdida de conciencia no se aclaró" e insistir en su recomendación de que todos los retornados pasen por un examen médico a fondo que garantice que cumplen los requisitos sanitarios para volar y así conste en un certificado.

España alega que todas estas salvaguardas ya se adoptan, recuerda que así consta en la normativa y señala además que el plazo medio de internamiento no supera los 30 días, un gap no tan largo como para que el informe realizado en el ingreso al CIE haya perdido validez.

Además, el Comité recuerda que el equipo médico del avión ha sido contratado por la Policía Nacional y pide independencia para evitar un conflicto de intereses, ya que el doctor de a bordo debe actuar teniendo en cuenta exclusivamente la salud de la persona repatriada.

El Comité también se fijó en otras cosas, como que en el traslado hasta el aeropuerto los 70 inmigrantes iban en microbuses que no tenían cinturón de seguridad para todos y con los equipajes amontonados contra la puerta, bloqueando una posible salida en caso de emergencia. España doce que este apunte "se considera relevante" porque "la seguridad en carretera tiene que estar garantizada" y asegura que se procurará que todos tengan cinturón de seguridad.