Compromis exige en el Congreso el cierre definitivo de los CIE: "Son prisiones encubiertas"

Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los diputados valencianos Enric Bataller y Joan Baldoví denuncian la situación de las personas internas, a las que se les "priva" de derechos fundamentales" como la libertad, el derecho a la salud digna, a la seguridad individual o el derecho a la libertad religiosa, entre otras.

Además, subrayan la opacidad y falta de transparencia que rodea a estos centros, y que ha llevado a varias instituciones y ONG a ser las principales fuentes de información sobre lo que ocurre y cuáles son las condiciones de los CIE.

"Durante el tiempo que dura el internamiento, que puede llegar hasta los 60 días, las personas internadas en el CIE sufren una privación de libertad que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas", sostienen desde Compromis.

A su vez, critica que, según han alertado numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos, se producen una serie de vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas, con consecuencias para el resto de su vida.

"Todo ello es especialmente grave si reparamos en que se trata de personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa como es la de no disponer de documentación en regla", agrega.

Por ello, instan al Gobierno a solicitar a las autoridades responsables de los CIE, es decir, a la dirección general de la Policía, a través del Ministerio del Interior, la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual de los ocho centros de internamiento de extranjeros que existen en España.

Al mismo tiempo, piden que se declare España 'Zona libre de centros de internamiento de extranjeros' y a que se cierren de forma definitiva estos emplazamientos, a través de un calendario público de cierre.

Mientras se produce el cierre definitivo propone crear una comisión de seguimiento permanente donde estén representadas las organizaciones y entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la defensa de los derechos humanos de todo el Estado.

Asimismo, plantea un comité de expertos para realizar una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias, en el cual participen de manera activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.