Condenan a penas de hasta 17 años a 14 presos de Quatre Camins por el motín de 2004

En su sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona absuelve a la Generalitat del pago de las indemnizaciones a los heridos como responsable civil subsidiaria, como pretendían las acusaciones, por no estar probado que los funcionarios que había en la prisión fueran insuficientes ni que "se incumplieran previsiones legales en materia de controles y registros en la cárcel".

El motín, que destapó la masificación en las cárceles catalanas, ocurrió el 30 de abril de 2004 cuando un grupo de reclusos armados con palos y un punzón agredieron a varios funcionarios y retuvieron como rehén durante tres horas a unos de ellos, por lo que el tribunal les condena por delitos de detención ilegal, intento de homicidio, lesiones, atentado y daños.

Por la revuelta estaban acusados 17 reclusos, pero el tribunal ha absuelto a tres de los imputados, entre ellos el que pedía un teléfono para hablar con la consellera Montserrat Tura, al no haber quedado probada su implicación en los hechos.

La revuelta fue protagonizada por unos 80 presos del módulo de reclusos peligrosos de Quatre Camins, liderados por los condenados, a raíz de que se impidiera la entrada en la lavandería a un interno, lo que provocó el malestar entre sus compañeros porque uno de ellos había resultado lesionado en el incidente.

Ante la situación, se presentó en el patio del módulo el subdirector de la cárcel, Miguel Tallón, al que un grupo de internos se dirigió para pedirle explicaciones por el incidente y, seguidamente, lo agredieron a él y a otros tres funcionarios que lo acompañaban.

Mientras los funcionarios corrían para ponerse a salvo, varios de los condenados permanecieron rodeando al subdirector y, con la intención de acabar con su vida, le golpearon repetidamente, sobre todo con patadas en la cabeza, hasta dejarlo inconsciente, mantiene la sentencia.

Tras un primer intento fallido, los funcionarios lograron rescatar al subdirector, al que los presos abandonaron al darlo por muerto y porque, mientras tanto, habían apresado como rehén a otro funcionario.

Ese funcionario permaneció tres horas a merced de los reclusos, sentado en una silla en medio del patio, amenazado con un pincho en el cuello, sin su chaqueta de uniforme y con los cordones de las botas atados, hasta que los internos decidieron regresar a sus celdas al prometérseles que no habría represalias.

En opinión del tribunal, pese a la violencia empleada, la revuelta no fue premeditada, puesto que todo surgió a raíz de un incidente que precipitó los acontecimientos y en el que perdieron el control los propios internos, que, "una vez pasados los primeros momentos de estallido de violencia, no sostienen un motín con todas sus consecuencias".

La Sala condena a los reclusos a abonar 54.640 euros de indemnización a cuatro funcionarios por las secuelas de las lesiones, pero exime a la Generalitat de pagarlas por considerar que las autoridades penitenciarias no incumplieron ningún precepto legal o reglamentario.

Para la Audiencia, no hay pruebas de que fueran insuficientes los funcionarios encargados de la custodia de los detenidos o los medios de que disponían y, además, los responsables de la cárcel no tenían ningún dato que les llevara a pensar que se estaba organizando un motín, ya que la revuelta fue "sobrevenida y espontánea".

El motín tuvo un oscuro epílogo al día siguiente, cuando el subdirector médico y cuatro funcionarios golpearon, vejaron e insultaron presuntamente a un grupo de reclusos implicados en el motín durante su traslado a otras cárceles, por lo que afrontan condenas de hasta ocho años de prisión, aunque aún no han sido juzgados.