La Confederación de hospitales privados denuncia a Gómez por presunta coacción por su burofax contra la externalización

Así lo ha explicado el presidente de la Confederación, Isidro Díaz de Bustamante, para subrayar que la denuncia también se ha presentado por la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (Asociación de Clínicas Privadas de Madrid) y se circunscribe, además, a las declaraciones que ha efectuado Gómez para informar sobre la remisión de este burofax. En este sentido, se adjunta también en la denuncia diversas noticias para conocimiento de la Fiscalía.

De Bustamante ha relatado que el objetivo de esta medida jurídica es actuar ante una actuación política que genera "grave inseguridad jurídica" a las empresas, atenta contra el libre comercio, supone un "presunto delito de coacciones" a las compañías que quieren invertir en la sanidad y supone "criminalizar a la sanidad privada".

El presidente de esta patronal ha remarcado que Gómez ha llegado a manifestar que si llega al poder en la Comunidad revertiría las externalizaciones y que luego las empresas no podrían reclamar lucro cesante, algo que se enmarca a su juicio en los cuatro ejes en los que se articula la denuncia.

La denuncia expone que una parte significativa de los miembros de la Confederación y la Asociación han recibido este burofax, que a su juicio tiene un "matiz eminentemente coactivo" y que perseguía "intimidar" a las empresas en caso de que optaran al proceso de externalización.

"La remisión de este burofax con tintes intimidatorios ha estado perfectamente calculada por el señor Gómez, al igual que su finalidad, que no ha sido otra que alejar a los posibles licitadores del concurso para la gestión sanitaria, utilizando para ello en este caso la dimensión mediática que ha obtenido la noticia del burofax", expone la denuncia.

Aparte, considera que la actuación de Gómez no solo supone una "amenaza" a los miembros de la Asociación y la Confederación, sino que daña a "todo el sector sanitario" y causa un "grave perjuicio" para la ciudadanía, para los propios profesionales de la sanidad y para la economía nacional.

De hecho, De Bustamante ha aseverado que las declaraciones de Gómez dañan "la marca España" en el sector de la sanidad pues pueden alejar inversiones al país con una actuación política que genera "inseguridad jurídica".