Confederación de hospitales privados denuncia a Gómez por coacciones por su burofax contra la externalización

La Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados ha registrado este jueves ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por un presunto delito de coacciones por el burofax que remitió a empresas especializadas en la gestión sanitaria, al entender que su objetivo era que no se presentaran al concurso para la gestión externalizada de seis hospitales de la región.

Así lo ha explicado el presidente de la Confederación, Isidro Díaz de Bustamante, para subrayar que la denuncia también se ha presentado por la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (Asociación de Clínicas Privadas de Madrid) y se circunscribe, además, a las declaraciones que ha efectuado Gómez para informar sobre la remisión de este burofax. En este sentido, se adjunta también en la denuncia diversas noticias para conocimiento de la Fiscalía.

De Bustamante ha relatado que el objetivo de esta medida es actuar ante una actuación política que genera "grave inseguridad jurídica" a las empresas, atenta contra el libre comercio, supone un "presunto delito de coacciones" a las compañías que quieren invertir en la sanidad e implica "criminalizar a la sanidad privada".

El presidente de esta patronal ha remarcado que Gómez ha llegado a manifestar que si llega al poder en la Comunidad revertiría las externalizaciones y que luego las empresas no podrían reclamar lucro cesante, algo que se enmarca a su juicio en los cuatro ejes en los que se articula la denuncia.

La denuncia expone que una parte significativa de los miembros de la Confederación y la Asociación han recibido este burofax, que a su juicio tiene un "matiz eminentemente coactivo" y que perseguía "intimidar" a las empresas en caso de que optaran al proceso de externalización.

"La remisión de este burofax con tintes intimidatorios ha estado perfectamente calculada por el señor Gómez, al igual que su finalidad, que no ha sido otra que alejar a los posibles licitadores del concurso para la gestión sanitaria, utilizando para ello en este caso la dimensión mediática que ha obtenido la noticia del burofax", expone la denuncia para instar a la Fiscalía a que analice posibles ilícitos penales que pueden derivarse de este comportamiento.

Aparte, considera que la actuación de Gómez no solo supone una "amenaza" a los miembros de la Asociación y la Confederación, sino que daña a "todo el sector sanitario" y causa un "grave perjuicio" para la ciudadanía, para los propios profesionales de la sanidad y para la economía nacional.

De hecho, De Bustamante ha aseverado que las declaraciones de Gómez dañan "la marca España" en el sector de la sanidad, pues pueden alejar inversiones al país con una actuación política que genera "inseguridad jurídica".

En este sentido, la denuncia también alude al caso de HIMA San Pablo, el único grupo empresarial no español que concurre al proceso de externalización, "está recibiendo presiones del señor Gómez Franco", para lo cual adjunta una noticia para sustentar esta afirmación.

"En realidad, lo que hace el señor Gómez Franco es forzar a posibles inversores a alejarse de la presentación de una oferta de concurso público, maquinando un artificio con pretensión de que el mismo quede desierto al no presentarse ningún licitador u obligar a abandonara quien haya concurrido, sobre la amenaza de un hipotético poder ejecutivo, si electoralmente lo llegará a alcanzar", expone el texto de la denuncia.

"SE ESTÁ CRIMINALIZANDO Y ATACANDO" AL SECTOR PRIVADO

Por tanto, la confederación entiende que con esta denuncia intentan que se respete la "seguridad jurídica" que viene marcada por la legalidad de un concurso público. "Bienvenido sea quien invierta para que la sanidad siga siendo pública (...) En un país democrático no podemos asustar a quien trae dinero", ha comentado el presidente de la patronal.

Además, ha manifestado que valoraría positivamente que otras patronales actuarán en el mismo sentido que su confederación y ha recordado que el presidente de la Comisión de Sanidad de CEIM, Juan López-Belmonte, expresó que sopesaba llevar a la Justicia también a Gómez.

De Bustamante ha comentado que, como organización empresarial, son "apolíticos" y que lo único que pretenden es el "bien del paciente y de la sanidad", puesto que los hospitales y clínicas privadas son "colaboradoras" de la sanidad pública. "Queremos que se está atacando y criminalizando a la sanidad privada", ha apostillado.

En este sentido, el presidente de esta patronal ha remarcado que la gestión indirecta y los conciertos con entidades privadas llevan muchos años implantados en España. En este sentido, recuerda que presentan índices de satisfacción entre los pacientes del 95 por ciento y su actividad tiene un papel importante en el PIB a la vez que representa un número importante de trabajadores.

(EUROPA PRESS MADRID)

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