El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha una Estrategia Nacional de personas sin hogar

Se trata de una proposición no de ley que ha sido consensuada por todos los grupos parlamentarios, a instancias del Grupo Popular. Ha sido defendida por la nueva portavoz de Servicios Sociales 'popular', Macarena Montesinos, quien ha defendido que uno de los objetivos principales del Gobierno es combatir la pobreza en España.

Entre otros puntos, los grupos del Congreso han pedido que esta estrategia incluya la elaboración de un sistema estadístico en la administración pública que permita conocer en todo momento la situación real y evolución de la problemática para adaptar los recursos necesarios.

Asimismo, solicitan que contemple mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclusión antes de que la persona se encuentre en la calle, además de una actuación integral que contemple necesidades sociosanitarias, educativas, de vivienda y la mejora de la empleabilidad y la inserción sociolaboral, para lograr la erradicación y respuesta definitiva del problema.

Igualmente, piden un impulso a los programas para la creación de alojamientos transitorios y establecer una memoria económica y medios económicos suficientes, así como un mecanismo de control y seguimiento de la estrategia.

MÁS MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Aparte de instar a la puesta en marcha de esta estrategia nacional, los grupos parlamentarios han acordado instar al Gobierno a ratificar la Carta Social Europea Revisada, adoptada en 1996, y que compromete entre otros puntos a las partes firmantes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.

A su vez, han alcanzado un acuerdo para solicitar al Ejecutivo que facilite el acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente vulnerables, especialmente donde haya niños, a través, entre otras medidas, de la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

Igualmente, han acordado pedir al Gobierno que evalúe el Fondo Social de Viviendas en cuanto a resultados, criterios exigidos y número de viviendas puestas a disposición por el sector bancario, así como a mantener la red de servicios sociales del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, como la información y orientación y apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio y calidad de vida en el entorno personal, integración social en el entorno comunitario y fomento de la solidaridad, prevención e inserción laboral y alojamiento alternativo (albergues).

LA CRISIS

Durante su argumentación, la diputada valenciana ha argumentado que la actual crisis ha hecho emerger consecuencias "negativas" que afectan a la sociedad en su conjunto y con mayor intensidad a aquellos grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo, las personas sin hogar, las personas con discapacidad, las personas mayores y las víctimas de violencia de género.

En concreto, ha indicado que las personas sin hogar se caracterizan por tener una realidad personal en la que se acumulan diferentes elementos de vulnerabilidad, como la falta de apoyo familiar y social, padecer una enfermedad crónica o una enfermedad mental, tener una discapacidad, el abuso o adicción al alcohol o a otras sustancias, lo que a su juicio les convierte en el colectivo "más gravemente" afectado por la exclusión social.

Asimismo, señala que ante el actual contexto de crisis es previsible que la situación de las personas sin hogar tienda a agravarse o incluso a ir en aumento.

Consciente de esta realidad, el PP defiende que el Gobierno ha aprobado recientemente el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, un marco regulatorio diseñado en consonancia con los objetivos de reducción de pobreza contemplados en la Estrategia Europa 2020, que pretende avanzar en la defensa del Estado del Bienestar, asegurando su sostenibilidad y viabilidad a través de la modernización del sistema de protección social, dando respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social.

De hecho, sostiene que el nuevo Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, contempla, entre otras medidas, un paquete de actuaciones específicas dirigido a las personas sin hogar ya que, lo especial de su situación, precisa de una intervención más concreta.

PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte del PSOE, la diputada Soledad Cabezón, ha criticado que esta iniciativa es una "mera declaración de intenciones" sin un compromiso real para combatir la pobreza en las calles porque no se resuelve con el texto propuesto por el PP. "Si no no apoyaremos otra pantomima", ha apostillado.

Lourdes Ciurò, de CiU, ha avisado de que el concepto sin hogarismo ha cambiado y actualmente hay familias que incluso no pueden pagar sus alquileres y que están viviendo en la calle. "Las comunidades autónomas ya no pueden hacer más esfuerzos de los que ya están realizando", ha avisado.

La nacionalista catalana ha propuesto un fondo extra de 20 millones de euros, que se ratifique la Carta Social Europea revisada, sentar las bases de una política de vivienda con precios de alquileres asequibles o medidas para paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria, como la mediación o una ley de sobrendeudamiento para las familias, entre otros puntos.

Desde UPyD, Rosa Díez, se ha mostrado "perpleja" ante la intervención de la diputada del PP porque ha desglosado una serie de datos "dramáticos", hay 30.000 personas sin hogar con datos de hace más de un año o el hecho de que el 60% tiene menos de 45 años y más del 53% sean españoles y después la iniciativa que presenta el PP esté vacía de contenido y sólo muestre lo que el Gobierno está realizando ya.

Así, la líder de la formación magenta ha pedido que se ratifique la Carta Social Europea revisada, que se elabore un plan en seis meses de 'sinhogarismo' y se cree un fondo de 20 millones para la lucha contra la exclusión social.

Desde la Izquierda Plural, Caridad García Álvarez, ha criticado que esta iniciativa supone un "puro sarcasmo" porque no trae nada nuevo sino que insta al Gobierno a hacer algo que "supuestamente" está haciendo.

En este punto también ha coincidido Joan Baldoví, de Compromís-Equo, que cree que sirve para "tapar las vergüenzas del PP", o Rosana Pérez, del BNG, que ha criticado que esta propuesta tiene "menos credibilidad" que la que tiene para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tienen los informes de las ONG que se ocupan de esas millones de personas que atienden porque "el Gobierno no piensa cambiar sus políticas".