El Congreso aprueba la ley del Juego con más medidas para proteger a los consumidores

La ley reguladora del Juego prohíbe a las operadoras de este tipo de actividades conceder préstamos o cualquier otro tipo de asistencia financiera a quienes quieran participar en juegos.

Las enmiendas incorporadas en el Senado a la ley -que regula por primera vez todas las modalidades de juego, incluidas las que se hacen por internet o el móvil- han sido aprobadas en su mayoría con la unanimidad de la Cámara.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios que han intervenido hoy en el Congreso han coincidido al apuntar la necesidad de esta ley para ordenar un sector en el que han entrado durante los últimos años numerosas empresas que ofrecen juegos y apuestas a través de internet y que operaban sin embargo desde una situación de "alegalidad".

Han subrayado además todos los portavoces la urgencia de aprobar esta norma para conseguir que todas las empresas que ofrecen juego por internet estén legalmente constituidas y tributen por ello en España.

Esa es precisamente una de las principales novedades de la nueva ley: la incorporación de un nuevo impuesto de ámbito estatal cuya recaudación se cederá íntegro a las comunidades autónomas, lo que ha sido aplaudido por los representantes de los grupos nacionalistas que han intervenido por considerar que contribuirá a aliviar las finanzas de las administraciones autonómicas.

Entre las enmiendas incorporadas en el Senado y que se han aprobado hoy en el Congreso destacan las que hacen referencia a la protección de los consumidores y a la necesidad de que las políticas de juego contemplen esta actividad como un fenómeno "complejo" en el que se deben combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control, y la reparación de los efectos negativos que pueda producir.

Al texto se ha incorporado un artículo para que se impulsen acciones preventivas dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas prácticas de juego y de los posibles efectos que puede producir una práctica que no sea adecuada.

Además, los propios operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales que el juego puede producir, y deberán prestar atención a los grupos en riesgo y advertir que estas actividades están prohibidas para los menores de edad y para las personas que están incapacitadas legalmente para hacerlo.

Inciden las novedades que se han incorporado a la nueva ley en la importancia de promocionar actitudes de juego "moderado, no compulsivo y responsable".

La socialista Gloria Elena Rivero se ha mostrado convencida de que la nueva ley ofrece más garantías y seguridad jurídica a los consumidores y un mayor control público de estas actividades, y Josep Sánchez Llibre (CiU) ha asegurado que el "gran beneficiado" por la nueva regulación, además de los propios consumidores, serán las comunidades autónomas.

El portavoz del PP Antonio Gallego ha celebrado que todas las empresas que operan en España vayan a tener que tributar por ello, y aunque ha aplaudido las mejoras que se han introducido en el texto durante su tramitación parlamentaria, ha considerado que todavía tiene "lagunas".

Ha achacado al "elevadísimo" déficit público del Estado la precipitación con que a su juicio se ha tramitado esta ley, con el fin de incorporar el nuevo impuesto y de privatizar en un 30 por ciento Loterías y Apuestas del Estado, una medida esta última contra la que está el PP por considerar que se trata de "malvender la gallina de los huevos de oro".