La polémica volverá en 2018 al Congreso con debates sociales sobre derechos LGTBI o regulación de la gestación subrogada

Junto con estas iniciativas, la Cámara Baja, otras que parecen suscitar más consenso pueden generar también discrepancias, como la iniciativa que persigue incrementar la igualdad salarial obligando a la empresas a publicar sus horquillas salariales.

Tres meses van ya desde que se aceptara en el Congreso la tramitación de la Ley de derechos LGTBI, apoyada por todos los grupos del Congreso, a excepción del PP. Tanto la Federación Estatal de LGTBI (FELGTBI) --impulsora de este texto-- como Unidos Podemos --responsable de su defensa en la Cámara Baja-- acusan a este partido de estar alargando el periodo de enmiendas, en el que se encuentra ahora la ley, para evitar su debate.

El presidente de la federación, Jesús Generelo, ha iniciado una campaña en las redes sociales para presionar a la Mesa del Congreso, responsable de llevar a debate en el Pleno esta norma, para que no lo alargue más. A su juicio es una "necesidad la legislación estatal" y "urge" su aprobación cuanto antes "para lograr la igualdad en todo el país".

Los responsables de la iniciativa argumentan que busca terminar con la discriminación del colectivo LGTBI en diferentes ámbitos, como la vida política, económica, cultural y social, así como eliminar la patologización de las personas transexuales.

Hasta ahora, este colectivo tiene que demostrar ante un psicólogo que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo y, con la futura ley, se prohíben estos exámenes médicos por "coartar la libertad de autodeterminación de género". También en el ámbito sanitario, la norma propone que los menores a partir de 16 años puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin el consentimiento de sus progenitores.

La ley persigue garantizar también el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos de cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual y plantea que se estudie el movimiento LGTBI en la asignatura de Historia en educación secundaria, así como que en todas las asignaturas y cursos se incluyan ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género.

RECHAZO DE LA IGLESIA

La iniciativa ha sido ampliamente criticada por la Iglesia Católica y por otras religiones minoritarias, como la evangélica, que la consideran "inquisitorial". "Se trata de una propuesta fundamentalista, incluso con visos ciertamente inquisitoriales", denunció a finales de noviembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo.

El PP alegó en el debate, para justificar su voto en contra, que el texto es "torpe en fondo y forma". Desde el PSOE, aunque sí han votado a favor, ya adelantaron que presentarán enmiendas con "mejoras jurídicas" para el texto.

Tampoco contó con el voto a favor de los 'populares' una proposición de ley socialista por la que se pretende permitir a los menores de 16 años que cambien de género y nombre en el Registro Civil sin necesidad de tener el permiso paterno.

Es decir, que aunque el menor no tenga el apoyo de uno o de ninguno de sus progenitores o tutores para llevar a cabo este cambio registral, pueda solicitarlo a través del Ministerio Fiscal, de forma que será un juez quien resuelva el procedimiento "teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor".

TODOS MENOS C's CONTRA LA GESTACIÓN SUBROGADA

Entre los retos sociales a los que el Congreso deberá enfrentarse el próximo año, también se encuentra la ley que propone regular la gestación subrogada en España. Esta iniciativa, de Ciudadanos, exige a la mujer gestante tener más de 25 años, ser española, haber sido madre con anterioridad y cumplir con una renta mínima.

Aunque el texto está ya registrado, aún no se ha llevado al Pleno para su toma en consideración y, previsiblemente, el partido naranja contará con poco apoyo en esta materia. Tanto PP, como PSOE y Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta práctica, que, incluso, se planteó incluir en el Pacto contra la Violencia de Género como una violencia más contra la mujer.

El resto de partidos mayoritarios apuntan que la gestación subrogada promueve la comercialización del cuerpo de la mujer, tal y como ocurre en algunos países del Este, en donde ya se han desarticulado mafias relacionadas con esta práctica.

En materia de Igualdad, la Cámara Baja está pendiente de dos iniciativas. Una de ellas, también a propuesta de Ciudadanos, es la creación de un Plan de Igualdad para el Congreso que, con más de 250 trabajadores, está obligada a tenerlo por ley. Actualmente, el grupo creado en al Mesa del Congreso para elaborarlo, está en fase de creación de un informe sobre la situación actual de la Cámara Baja.

La segunda iniciativa es la ley de Igualdad Retributiva que ha presentado En Marea y que busca, entre otras medidas para evitar la brecha salarial en las empresas, que las compañías hagan pública la horquilla de sueldos de cada puesto existentes en la misma.