El Congreso da luz verde definitiva a la Ley del Tercer Sector y a la de Voluntariado

En concreto, el debate de las enmiendas de la Cámara Alta tuvo lugar este miércoles en el Congreso, pero ambas normas han sido votadas y ratificadas en el Pleno de la Cámara Baja este jueves.

La Ley del Tercer Sector ha salido adelante con el apoyo del PP, PSOE y UPyD; la abstención de la Izquierda Plural, CDC, y BNG; y el voto en contra de PNV y ERC. Mientras, la Ley del Voluntariado ha sido votada a favor por PP, CiU y UPyD. PSOE, Izquierda Plural y PNV han votado en contra.

LAS ENMIENDAS DEL SENADO

En el caso de la Ley del Tercer Sector de Acción social se debatía una enmienda por la que se conceden 10,5 millones de euros en subvenciones directas a las casi 40 ONG de ámbito estatal para sus gastos corrientes, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. "Si no éstas se verán abocadas al paro", advirtió la diputada del PP Ana Vázquez.

Por ejemplo, fija 105.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo; 1,45 millones de euros a Cruz Roja Española; otros 850.272 a Cáritas Española; a la Fundación Acción Contra el Hambre con otros 70.000 euros; o a la Plataforma de ONG acción social con 652.858, entre otras.

Esta ley define el Tercer Sector de Acción Social como el "conjunto de organizaciones de carácter privado, y sin ánimo de lucro, que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación".

Para reforzar el concepto se enumeran los principios que deben guiar su trabajo, basados en la "democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes".

NO HABRÁ VOLUNTARIOS CONDENADOS POR MALTRATO O TERRORISMO

Sobre la Ley de Voluntariado, el 'popular' Juan Carlos Grau subrayó que la transaccional aprobada en el Senado amplía los plazos y permisos para que los voluntarios sanitarios puedan participar en emergencias humanitarias de tres a seis meses.

Esta norma impide que las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, terrorismo o violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas no puedan ser voluntarias.

En España hay seis millones de voluntarios; es el sexto país de la UE en número de voluntarios. Con su puesta en marcha, los menores de 16 pueden participar de las actividades de voluntariado si cuentan con autorización paterna, y siempre y cuando no intercepte su desarrollo educativo.

Además, se amplía la promoción de medidas de reducción de jornada o la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para la acción del voluntariado, siempre que haya acuerdo con la negociación colectiva.

Durante el debate parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, los principales grupos de la oposición han achacado al Gobierno que estas normativas, que fueron aprobadas en marzo en el Consejo de Ministros, son "insuficientes" para el sector, además de que "invaden competencias".