El Congreso envía al Senado la Ley del Tercer Sector con el apoyo de PP y UPyD

Durante el trámite parlamentario se han aceptado dos enmiendas transaccionales con el PSOE, una enmienda técnica con el PNV, y otras seis al articulado de la ley de los socialistas. La principal queja de los grupos de la oposición durante el debate ha sido que finalmente no se vaya a crear en esta ley un observatorio estatal del tercer sector, demandado por las entidades, y que éstas se vieran beneficiadas por el máximo beneficio fiscal.

NOVEDADES DE LA LEY

Esta norma define el Tercer Sector de Acción Social como el "conjunto de organizaciones de carácter privado, y sin ánimo de lucro, que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación".

Para reforzar el concepto se enumeran los principios que deben guiar su trabajo, basados en la "democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes".

Desde el PP se ha defendido que una de las mejoras de la norma consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, por lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, frente a las quejas de los nacionalistas de invasión competencial.

Asimismo, se refuerza la consideración de que el papel de las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social no puede, en ningún caso, diluir la responsabilidad de la Administración General del Estado.

Por otra parte, en las medidas de fomento de las entidades del Tercer Sector se incluirán iniciativas relativas a la dinamización de la participación de las mujeres.

Según han destacado los 'populares' este texto legal se adapta a la realidad del sector y a las necesidades de las 30.000 organizaciones sociales que desempeñan su trabajo en España, y "siempre sobre la base de su seguridad jurídica". A su juicio, se traducirá en un fortalecimiento de su capacidad de interlocución con las Administraciones para el diseño de las políticas sociales".

LAS QUEJAS NACIONALISTAS

Desde el inicio del trámite, CiU, Izquierda Plural, PNV y ERC y pidieron la retirada y devolución al Gobierno del texto legal al considerar su invasión competencial. El debate de las enmiendas de totalidad tuvo lugar a mediados de mayo y todas fueron rechazadas.

Durante el debate, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aclaró que con esta ley el Gobierno no quiere "quitar nada a nadie" en referencia a las competencias de las comunidades autónomas y pidió que no se mezclase la tramitación de este proyecto con la subvención del 0,7% del IRPF.

También explicó que los tres pilares del proyecto son: configurar un marco jurídico que reconozca el trabajo de estas entidades; reforzar su capacidad como interlocutores ante el Estado para el seguimiento de las políticas públicas del ámbito social; y definir medidas de fomento para garantizar la sostenibilidad de las entidades.

A juicio de Carles Campuzano, de CiU, este proyecto de ley no responde a las principales necesidades del sector, como su fiscalidad por ejemplo, o el hecho de hacer frente a las deudas pendientes puedan resolverse por subvenciones porque comunidades y ayuntamientos siguen debiendo dinero a las ONG, creación de un fondo de reestructuración del Tercer Sector, de un fondo contra la pobreza, de un plan de empleo que dé oportunidades al Tercer Sector para hacer frente al desempleo juvenil, entre otros puntos.

Igualmente, ha puesto en valor la "vieja reivindicación catalana" de la gestión del 0,7% del IRPF. Además, ha subrayado que ayer el Tribunal Supremo tumbara el decreto del Gobierno que establece la organización de subvenciones a las ONG y estableció que el Gobierno tiene derecho a establecer una línea de subvenciones para las ONG pero esos recursos deben ser gestionados por las comunidades autónomas.

"Tenemos la sensación de tomadura de pelo en esta manera. Tenemos la razón del Tribunal Supremo y no hay discusión, no pueden inventarse nuevos títulos competenciales. Por desgracia vamos a votar negativamente", ha sentenciado.

"Es manifiestamente inconstitucional este proyecto de ley. Invade la competencia de servicios sociales que ostentan las comunidades. No da cobertura a la regulación que pretende el Estado y son las comunidades autónomas. Colisiona con las previsiones del Estatuto de Gernika", ha subrayado Isabel Sánchez Robles, del PNV.

Joan Tardà, de ERC, ha advertido de que esta ley es "innecesaria" porque no regula ya nada que esté regulado por las comunidades autónomas, que en el caso catalán, por el Estatuto de Cataluña deja explícito que las competencias en servicios sociales son de materia exclusiva. "Detrás de esta iniciativa del Gobierno, apoyada por el PP, hay una voluntad de centralizar competencias", ha apostillado.

El diputado de la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya, cree que con esta norma se pierde una oportunidad para dar una visión real del tercer sector contra la pobreza y la exclusión social, además de que hay comunidades autónomas que tienen la competencia exclusiva en la materia.

Desde el PSOE, Marisol Pérez Domínguez, ha criticado que esta ley no se lleve adelante sin ningún presupuesto. Mientras que el diputado de UPyD, Julio Lleonart, considera que el proyecto no contempla algo que el colectivo considera necesario, un observatorio estatal del tercer sector.