La oposición rechaza en el Congreso las "devoluciones en caliente" de inmigrantes en Ceuta y Melilla

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado por 23 votos a favor y 17 en contra el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge la reforma de la Ley de Extranjería para introducir la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla.

Este ha sido precisamente el punto en que más hincapié ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, quien ha denunciado que "modificar nada menos que la Ley de Extranjería mediante una enmienda del grupo parlamentario de la mayoría, lo que hace es saltarse el control de los órganos preceptivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Su formación pide que se retrase la aprobación del informe de la ponencia que elevará al pleno el redactado definitivo del proyecto de Ley, incluida la disposición adicional incorporada por el PP para legalizar el "rechazo en frontera" de los inmigrantes que salten la valla "en grupo", hasta "poder tener un informe del CGPJ" al respecto.

Para CiU, la necesidad de cambiar esta previsión "es una cuestión de sentido común". "Entiendo que una persona en el momento que está en un territorio soberano de un Estado democrático es titular de ciertos derechos. Hasta ahí, sin ser jurista, lo entiendo", ha dicho el portavoz del grupo catalán, Feliu Guillaumes, para incidir en que "esto incluye el derecho a pedir asilo y a interponer un recurso"

"Entendemos que es algo de sentido común y de una manera incomprensible, se incorpora esta legalización de la devolución en caliente que viola los derechos de los que ya son titulares estas personas. Por puro sentido común, esto tiene que cambiarse", ha destacado.

Desde UPyD, Toni Cantó ha recordado que "tanto Amnistía Internacional como el ACNUR, dependiente de Naciones Unidas, han señalado que esta enmienda contravendría las obligaciones internacionales de España en relación a la Convención de Ginebra al suponer un grave obstáculo para el asilo", así como puede contravenir "la prohibición expresa de las expulsiones colectivas" del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros. "No vamos a votar el texto en el estado en que se encuentra actualmente", ha sentenciado.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha incidido también en la posible vulneración del protocolo 4 del citado convenio, y Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, ha recordado además que 118 organizaciones han presentado en el Congreso un documento instando a los diputados a rechazar esta enmienda del PP, que a su juicio, "es el colofón de una ley que se ha tramitado de forma chafardera y presurosa" que este grupo va a votar en contra.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se ha extendido más en su argumentario para explicar que aunque a las devoluciones en caliente "se les aplique una denominación eufemística, siguen poseyendo los mismos déficts de legalidad" ya que modifica "el concepto de no devolución sin garantías judiciales" que prevé la misma Ley de Extranjería e incurre en "en un delito penal de deportación ilegal" recogido en el Código Penal.

"En tanto la deportación ilegal es un delito previsto en los artículos 108 y siguentes del Código Penal, vamos a refutar y criticar con intensidad la incorporación de esta posibilidad que vulnera la Ley de Extranjería y también aspectos del derecho comunitario, como el Código de Fronteras Schengen, la directiva de asilo, la de retorno y otras que podríamos exponer, amén de otros tratados internacionales suscritos por el Estado", ha señalado.

Por último, Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha denunciado que "meter esta reforma como se ha metido, colándolo por detrás, dice mucho de las intenciones" del Gobierno. "Todos lo definimos como una entrega en caliente que pretende legalizar algo que es completamente ilegal y que vulnera todos los elementos del ordenamiento jurídico, tanto propio como internacional", ha añadido.

"REDACTADA AL MILÍMETRO"

En declaraciones a los medios al término de la comisión, el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar, ha explicado que la enmienda está "concienzuda y milimétricamente redactada y responde a todas las exigencias legales tanto desde la perspectiva del derecho europeo como de derechos humanos".

En este sentido, ha argumentado que establece dos condiciones para su aplicación, que el intento de entrada se produzca ilegalmente" y que "concurra el intento de entrada en grupo, lo que supone que existe una organización previa para intentar rebasar las fronteras".

"Se garantiza y refuerza el cumplimiento de los compromisos con la UE y con el espacio Schengen, se atiende a razones humanas y se acota la labor de la Guardia Civil, ofreciendo mejor cobertura a su función", ha asegurado.