El Congreso pide la eliminación paulatina de anuncios de contacto y la autorregulación en los medios

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva el informe elaborado por la subcomisión de estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que, entre otras recomendaciones, pide la eliminación paulatina de los anuncios de contacto, así como impulsar códigos de autorregulación entre los medios de comunicación, con el objeto de fomentar un lenguaje inclusivo, igualitario y no sexista.

El informe, que ya fue aprobado a finales de junio en la Comisión de Igualdad, ha salido adelante este jueves con los votos del Grupo Popular y de UPyD. En cambio, ha contado con la abstención del resto de los grupos del arco parlamentario, que lo consideran "incompleto" y "poco ambicioso".

Es fruto de los trabajos que ha venido realizando una subcomisión parlamentaria creada en diciembre de 2013, en la que han comparecido responsables de las administraciones públicas, de las fuerzas policiales, el sistema de Justicia y el Tercer Sector aportando su perspectiva sobre la lucha sobre esta violación de Derechos Humanos considerada la esclavitud del siglo XXI.

Precisamente, la semana pasada el Ministerio de Sanidad señaló que iba a "negociar" con los medios de comunicación la elaboración de códigos de autorregulación tendentes a la eliminación de los anuncios de contactos, en línea con una de las medidas que contempla el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, que fue hecho público también la semana pasada.

RECOMENDACIONES DE LOS PARLAMENTARIOS

Así, el informe plantea la eliminación paulatina de los anuncios de contactos y, si no es posible su eliminación, valorar la posibilidad de establecer medidas disuasorias.

Además, propone estudiar el impacto de hacer efectiva la recomendación del Consejo de Estado de limitar la publicidad de la prostitución en la prensa escrita, o en parte de ella, y, eventualmente, en otros medios, promoviendo una normativa específica que incentive positivamente el abandono de esta práctica por parte de los medios de comunicación.

Igualmente, quiere promover la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas para que el tratamiento de la información en materia de trata y explotación sexual "se encuentre ligado a las formas de violencia contra la mujer".

A su vez, reclama incrementar la protección de menores y jóvenes a través de medidas para controlar y limitar el uso de internet como plataforma de comercio sexual, así como vincular esta recomendación con la puesta en marcha de campañas de sensibilización orientadas específicamente a la infancia y adolescencia.

UNA LEY SOBRE TRATA

A pesar de que el Gobierno ha puesto en marcha el II Plan nacional contra la trata, este informe parlamentario sugiere ir más allá y la puesta en marcha de una ley nacional específica sobre trata, que coordine las actuaciones de todas las instituciones implicadas, y aúne en un solo texto la dispersión normativa existente en la materia.

En el ámbito de las licencias administrativas, municipales y autonómicas solicita que se revise la actividad desarrollada en los clubs de alterne y de carretera y su adecuación a la licencia por actividad que se tramitó y consiguió.

Los parlamentarios sugieren asimismo la revisión del tratamiento del Código Penal al proxenetismo, por considerar que éste es el concepto clave para conseguir un tratamiento "más eficaz" en la prevención y en el castigo de la trata.

En el ámbito judicial, plantea una reforma de las estructuras actuales con el fin de facilitar la movilidad dentro del territorio nacional, de las víctimas de trata y explotación sexual; vigilar el cumplimiento del acceso a la asistencia jurídica especializada y gratuita para todas las víctimas de trata.

Mejorar el tratamiento penal del proxenetismo y de la prostitución coactiva en la legislación, así como la seguridad en aquellos casos en que se produzca un retorno asistido de una víctima a su país de origen, son otras de las medidas que contempla el informe.

También ve conveniente la implementación de los compromisos asumidos en los diferentes acuerdos internacionales ratificados por España, revisar las características formales de los permisos de residencia, de trabajo concedidos por las delegaciones de gobierno a las víctimas de trata, con el objetivo de preservar eficazmente su intimidad y evitar una nueva victimización.

Además, insiste en la necesidad de la puesta en marcha de campañas de sensibilización para aumentar la visibilidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

EL TRABAJO PARLAMENTARIO

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, minutos antes de la votación del informe se ha hecho una foto con parte de las parlamentarias que han trabajado a lo largo de estos meses, así como con representantes de asociaciones que han colaborado en el mismo, APRAM y de Proyecto Esperanza de las Adoratrices.

La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada del PP, Carmen Quintanilla, ha defendido que el trabajo es "serio" y "riguroso", "ha nacido con el enfoque de género, de la transversalidad, porque la trata constituye una forma de violencia contra la mujer".

Según ha recordado, la trata meuve en el mundo 38.000 millones de dólares, y en España 1.800 millones de euros, además de que se ha convertido en un país de tránsito y de destino. A su vez, ha destacado que la trata es un delito internacional que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas.

La socialista Susana Ros cree que el informe parlamentario, en el que ha participado, es un "buen inicio" para abordar el problema, si bien ha insistido en que "hay que avanzar y cumplir" y para el PSOE hay tareas sobre la materia que le corresponden al Gobierno y que no se han recogido en el documento.

La portavoz de CDC, Lourdes Ciuró, ha subrayado que el informe insta a la puesta en marcha de una Ley de Trata pero ha asegurado que su abstención se debe entre otros puntos al respeto competencial, que a su juicio no se recoge en el informe.

Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), se ha abstenido en la votación del informe al considerar que realiza un avance "tímido e insuficiente" que "no recoge de forma contundente" las peticiones de las asociaciones.

Por su parte, Julio Lleonart, de UPyD, ha señalado que el informe refleja "de forma abundante y fehaciente" el problema de la trata en España, ve necesaria una ley nacional de trata, ha pedido no disociar la trata

El diputado del PNV, Joseba Agirretxea, ha lamentado que el trabajo es "insuficiente" en sus propuestas, al mismo tiempo que precisa que hay elementos en las conclusiones que adjudican acciones a la Administracion general del Estado cuando es competencia autonómica.

Desde el BNG, Olaia Fernández Davila ha argumentado su abstención al informe de trata porque a su juicio "queda cojo" a la hora de recoger las cuestiones que los grupos parlamentarios han planteado y eran de "gran importancia" para afrontar el problema de la trata.