El Congreso somete a debate este martes un informe parlamentario que promueve el fomento de la Economía social

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso debatirá este martes si aprueba el informe elaborado en el seno de la Subcomisión para el fomento de la economía social en la Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda.

Uno de los avances que recoge este trabajo es la definición en sí de 'economía social', "una actividad económica y empresarial, privada, que llevan a cabo sociedades o entidades que asocian a personas físicas o jurídicas, que persiguen el interés colectivo de sus miembros así como el interés general, económico o social, y están vinculadas al entorno".

Principalmente, señala que funcionan bajo un régimen donde la persona tiene primacía sobre el capital, de manera participativa, solidaria y democrática. En concreto, puntualiza que forman parte de él también las entidades de naturaleza fundacional que persiguen el interés general.

Entre otros aspectos, considera que el crecimiento del interés por el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde las empresas tradicionales y desde la sociedad española en parte se debe al impacto cualitativo que ha tenido la Economía Social sobre el resto de la economía.

RECOMENDACIONES

Entre otros puntos, el informe recomienda realizar una identificación legislativa de la Economía Social, mediante su estatuto jurídico, así como avanzar en la delimitación jurídica de los requisitos que deben cumplir los integrantes de la Economía Social, con el objetivo de evitar la banalización de sus rasgos identitarios y la pérdida de su utilidad social.

Es más, plantea la necesidad de un respaldo presupuestario adecuado destinado a la economía social, dado que sin ello, cree que muchas de las iniciativas pueden resultar inviables. También, propone la creación de políticas públicas de fomento de empresas de la Economía Social que puedan apoyar y desarrollar esta forma de hacer empresa.

Por otro lado, aconseja elaborar y difundir memorias de sostenibilidad, preferentemente de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente, como el impulsado por la 'Global Reporting Initiative', una institución que creó el primer estándar mundial de memorias de sostenibilidad para empresas que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social.

Igualmente, sugiere integrar las empresas de la Economía Social de manera explícita en la estrategia nacional para la mejora de la productividad, "probablemente uno de los principales problemas de la economía española", según cita.

Además, constata la necesidad de incluir en la enseñanza superior y universitaria, así como en la formación profesional, programas de formación destinados a transmitir el conocimiento de la economía social y las iniciativas empresariales inspiradas en sus valores.

GRAN OBSTÁCULO

En este sentido, señala que la falta de identificación conceptual y la "invisibilidad institucional" de la misma hasta la fecha han supuesto un "gran obstáculo" para su desarrollo. Para ello, apunta que dicha subcomisión ha dado un "paso importante" en el proceso de construcción de un marco institucional amplio que pueda potenciar sus cualidades.

De esta forma, opta por una política que pueda enmarcar el concepto de la Economía Social como un "enfoque diferente" de la empresa cuyo motor no es sólo la rentabilidad sino los beneficios para toda la sociedad, de modo que las particularidades de la economía social se tomen debidamente en cuenta en la elaboración de los marcos jurídicos.

Es más, reitera en varias ocasiones que la economía social es una realidad plural y dinámica compuesta por empresas que no se caracterizan por el tamaño o por el sector de actividad sino por el respeto de los valores comunes.