El Congreso rechaza la propuesta del PSOE de asentar un pacto de Estado del Bienestar para asegurar el gasto social

En cambio, la iniciativa sí ha conseguido el respaldo, aunque insuficiente para salir adelante, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, Geroa Bai y Coalición Canaria-Nueva Canarias. A ella se han abstenido CiU, Foro de Asturias y el BNG.

La encargada de defender la postura 'popular' en esta iniciativa ha sido la diputada Dolores Bolarín, quien ha justificado su voto en contra a esta proposición no de ley en que el Gobierno trabaja para salvaguardar el bienestar y los derechos de los ciudadanos españoles y se están dedicando todos los esfuerzos en restablecer todas las políticas sociales "desfiguradas" por la "mala política del PSOE".

"Nosotros trabajamos más con menos", ha asegurado, para criticar la "incoherencia" que, en su opinión, desarrollan los socialistas en política al promover un gasto antes de estudiar su financiación, cuando el 'agujero' que dejó el PSOE en la materia era de 16.000 millones de euros.

En concreto, la iniciativa instaba al Gobierno a establecer un 'suelo social' para los gastos en la materia, que garantizase que el nivel de gasto 'per cápita' se iba a mantener en los períodos de ajuste fiscal y podría crecer en los períodos de expansión.

Isabel Sánchez Robles, del PNV, que también ha votado en contra de la iniciativa, concibe la necesidad de asegurar el gasto social, pero no de la manera en la que lo hace el PSOE en esta propuesta porque establece derechos "mínimos" en todas las comunidades autónomas. "Contiene gato encerrado", ha señalado, al considerar que invade competencias y es "recentralizadora y uniformizadora".

RECORTAR GASTO SOCIAL

La encargada de defender esta iniciativa ha sido la diputada del PSOE María Luisa Carcedo quien ha insistido en que, ante la necesidad de reducir el déficit, el PP está centrando sus recortes en las partidas sociales.

"Tras dos años de la derecha en el Gobierno de este país, no sólo fueron los recortes anunciados sino que también se procedió a un conjunto de medidas y cambios estructurales que están deconstruyendo el Estado de Bienestar, que ha costado 30 años construir", ha sentenciado.

Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha sido el encargado de defender la enmienda presentada por su formación porque considera que las medidas del Gobierno y el carácter antisocial de los Presupuestos deben ser modificados "de raíz".

"Garantizar el carácter anticíclico de las políticas sociales en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones e igualdad de género, así como su convergencia con el gasto medio de la UE", solicitaba.

Por su parte, Toni Cantó, de UPyD, que sí apoyará la proposición no de ley, cree que no se están haciendo las cosas bien porque el debate se está centrando en la invasión de competencias cuando realmente hay que centrarse en la igualdad entre los ciudadanos cuya brecha económica y territorial se ha acrecentado. Igualmente, se ha mostrado preocupado por la situación financiera de los ayuntamientos dada la actual coyuntura.

Desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha anunciado su voto positivo a esta iniciativa porque ve necesario incidir en la necesidad de garantizar un mínimo de decencia en la prestación de servicios públicos en momentos en los que la crisis está llevando a la desaparición de las clases medias.

ABSTENCIÓN DE CIU, BNG Y FORO DE ASTURIAS

De parte de CiU, Carles Campuzano, ha apuntado que se va abstener en esta iniciativa, entre otros puntos, porque un Estado del Bienestar debe estar cerca de los ciudadanos y el desarrollo del mismo en estos últimos 35 años se ha producido por el impulso de los ejecutivos autonómicos y, a su juicio, especialmente desde las nacionalidades históricas como la vasca o la catalana.

A juicio de la diputada del BNG, Rosana Pérez, la "corrección" que hace el PSOE en esta iniciativa "no es suficiente" porque es "muy parecida" a lo que el PP propone en su reforma de la administración local.