El Congreso da luz verde a la ley para conceder la nacionalidad a sefardíes

El Congreso de los Diputados ha aprobada este jueves el proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España que acrediten tal condición y su vinculación con España, una norma a la que podrían acogerse, cumpliendo todos los requisitos, unos 90.000 judíos, según calcula la Federación Sefardí Latinoamericana. La Ley sale del Parlamento para su publicación en el B.O.E.

La norma, en la que se han introducido todas las enmiendas presentadas en el Senado, busca reparar el daño causado por la expulsión de los judíos de España en 1492 y permitirá adquirir la nacionalidad española a todos aquellos judíos que demuestren sus orígenes sefardíes así como su especial vinculación con España --haber conservado el idioma, el ladino; las tradiciones; tener conocimientos sobre la cultura española--. Además, los solicitantes podrán mantener su nacionalidad.

La ley, que entrará en vigor el 5 de octubre de 2015, establece que, para acreditar el origen sefardí, el solicitante deberá presentar, entre otros, un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, la acreditación del uso del ladino, el certificado de matrimonio celebrado según las tradiciones de Castilla o un informe motivado, emitido por entidad competende, que acredite la pertenencia de sus apellidos al linaje sefardí de origen español.

Mientras, la vinculación con el país, deberá demostrarla con certificados de estudios de historia y cultura españolas, la realización de actividades benéficas, culturales o económicas en España o de apoyo a instituciones para la conservación de la cultura sefardí.

EXAMEN DEL CERVANTES

Además, se mantiene la exigencia de que los solicitantes realicen dos pruebas, una de conocimiento básico de la lengua española y otra de la realidad social y cultural así como de la Constitución Española, ambas diseñadas por el Instituto Cervantes. Los solicitantes de países o territorios en los que el español sea idioma oficial estarán exentos de la prueba de dominio del español.

Las solicitudes deberán realizarse por la plataforma electrónica habilitada para ello e irá dirigida a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Tras examinar el notario los documentos aportados, cuando estime inicialmente justificada la condición de sefardí y la vinculación con España, concertará con el interesado su comparecencia, en la que deberán presentarse los documentos originales.

Ante las "trabas" que ven algunos grupos de la oposición en la necesidad de que el interesado viaje a España para comparecer ante el notario, el portavoz del PP, Gabriel Elorriaga, ha precisado que la personación se realizará cuando el notario esté convencido de que el interesado reúne las condiciones, por lo que, según ha puntualizado, "no habrá desplazamientos inútiles".

TASA DE 100 EUROS

Otra "dificultad" que han apuntado PSOE, IU, Grupo Mixto y CiU es la del pago de una tasa de 100 euros para iniciar el procedimiento, una exigencia que el PP introdujo a través de enmienda durante la tramitación de la norma en el Senado. Esta tasa era de 75 euros en el texto original, después se eliminó al pasar por la Cámara Baja y finalmente se ha recuperado e incrementado su cuantía.

La senadora popular María del Carmen Dueñas Martínez ha explicado a Europa Press que la decisión se debe a que la tramitación de la solicitud de la nacionalidad conlleva "un coste para la administración española". A este pago estará sujeto todo aquel descendiente de sefardí que inicie el procedimiento, independientemente del resultado final del mismo. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia.

Por otro lado, entre las enmiendas introducidas por el PP en el Senado y aprobadas este jueves, se encuentra la que elimina la necesidad de que el interesado se desplace a España dos veces reduciéndolo a una. Así, el solicitante deberá viajar a este país solo cuando le cite el notario tras recibir toda la documentación pertinente --una comparececia obligatoria a la que no podrá acudir un representante legal y en la que este tendrá que aportar los originales de los documentos probatorios--.

Sin embargo, ya no tendrá que desplazarse en una segunda ocasión y podrá realizar los últimos trámites --juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes-- ante el Registro Civil consular.

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Además, el Grupo Popular utilizó su mayoría para "acotar" la ley a la concesión de la nacionalidad de los sefardíes, eliminando los preceptos que regulaban el procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia, que sí se incluía en el texto remitido por el Congreso y que ahora se han introducido en el proyecto de Ley del Registro Civil.

Durante la tramitación de la ley, los grupos que presentaron vetos al proyecto de ley --que fueron rechazados por el Grupo Popular--, planteaban, entre otros asuntos, la ampliación de la norma a moriscos, saharauis y bereberes. Ante este veto, desde el PP indicaron que habría que valorar para ellos "otra iniciativa parlamentaria específica" dada la "singularidad" de esta ley.

Los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, Rafael Catalá y José Manuel García Margallo, que han defendido conjuntamente la ley, han destacado que "hoy es un día histórico" 500 años después de que España "cerrara la puerta" a miles de judíos españoles expulsados en 1492, un hecho al que los sefardíes han respondido "con constancia en el recuerdo" y "amor a España".

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), entidad que representa oficialmente a las comunidades judías de este país, ha manifestado su agradecimiento al Gobierno por esta ley con la que "se inicia una nueva etapa en la historia de la relación entre España y el mundo judío, un nuevo periodo de reencuentro, de diálogo y de concordia que reintegra plenamente a una de las ramas de la nación española que, en su día, fue injustamente arrancada".