Connivencia con el crimen hace de México un estado fallido, dice Isela Pérez

Pérez, amenazada de muerte y exiliada en Madrid desde hace un año, recibirá mañana uno de los galardones que concede el CGAE por la lucha a favor de los derechos humanos y que en su XII edición ha premiado asimismo a la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) del también estado mexicano de Guerrero.

Igualmente recibirán ese galardón mañana en Madrid los abogados de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la ciudadana iraní condenada a morir lapidada, y la letrada Nasrin Sotoudeh, pionera en la defensa de los colectivos más vulnerables de Irán.

En el caso de Rosa Isela Pérez, el CGAE ha querido reconocer su lucha para esclarecer los asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

"Es un reconocimiento que yo no esperaba y que se añade al asilo concedido por España. Nos da mucha esperanza para seguir adelante", explica Pérez a Efe en una entrevista.

Esta periodista mexicana cubrió los asesinatos y otros crímenes cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, para el periódico local "El Norte".

"Entre 1993 y 2007 hubo alrededor de 500 'feminicidios' (término adoptado a raíz de lo que ocurre en Ciudad Juárez), y desde el 2008 al 2010 se habla ya de otras 567 mujeres asesinadas", asegura.

Rosa Isela Pérez dedicó una gran atención, y ello le granjeó multitud de enemigos, a las muchas irregularidades existentes en las investigaciones de esos crímenes y a la connivencia existente entre algunas funcionarios, grandes empresarios y las mafias locales para ocultarlos.

"Estuve escribiendo durante siete años contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Básicamente mi labor era hablar de la situación que estaban enfrentando las familias de las víctimas, de sus propias investigaciones, de las amenazas y el hostigamiento que recibían de manos de las propias autoridades", explica.

Pronto ella misma se convirtió en blanco de las amenazas y a fines de 2005 fue despedida del diario, sin que después ningún otro periódico quisiera contratarla debido a la campaña de desprestigio de que fue objeto.

"Hay grupos de oligarcas que están involucrados en mafias y que sostienen a grupos políticos que siguen en el poder y guardan esos nexos con el narcotráfico", destaca.

En abril de 2009, Pérez fue testigo del caso "Campo Algodonero contra México" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al asesinato de ocho jóvenes, y en cuya investigación quedaron al descubierto numerosas irregularidades cometidas por funcionarios de Ciudad Juárez.

Después de que ofreciera su testimonio en ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a que ofreciera todas las garantías de seguridad para Rosa Isela, pero éstas se limitaron a la provisión de un teléfono celular "para casos de emergencia", señala.

Aunque esa Corte dictó medidas cautelares, refiere, "el Gobierno mexicano no aceptó acatarlas. Evidentemente no había voluntad alguna".

México "es un estado fallido" con "errores en el sistema de procuración de Justicia, que llevan a la impunidad de los criminales", asevera Rosa Isela Pérez.

La solución, dice, "está en este tipo de apoyos, como el del Consejo General de la Abogacía Española", y "en la propia sociedad civil mexicana, en la que hay gente muy valiosa que trata de luchar, aunque con muchísimo temor".

En todo caso, subraya, "hace mucha falta el apoyo internacional para exigir al Gobierno mexicano que actúe de una vez".