El Consejo del Agua estudiará las demarcaciones del Júcar, Ebro y Guadiana

En declaraciones a la prensa previas a la reunión, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha explicado que se trata de adaptar la actual normativa a las directivas europeas de agua y a los nuevos estatutos de autonomías para crear un nuevo marco de administración pública del agua.

"Espero que podamos avanzar en todas las normativas vinculadas con el agua", ha declarado Espinosa antes de celebrar el Consejo Nacional del Agua, un órgano consultivo del Ministerio formado por representantes de las Confederaciones Hidrográficas, comunidades autónomas, regantes o ecologistas, entre otros, y cuya última reunión se celebró en julio de 2006.

Espinosa ha asegurado que las transferencias de cuenca deben abordarse "en la Comisión Mixta del Ministerio de Administraciones Públicas", y que para las de agua "hay otros órganos".

Los reales decretos presentados en el Consejo fijan la nueva demarcación hidrográfica del Júcar y su delimitación con la cuenca del Segura, la inclusión del río Cenia -situado en el límite de Castellón con Tarragona- en la demarcación hidrográfica del Ebro y la nueva cuenca del Guadiana, tras la transferencia a Andalucía de los ríos Tinto, Odiel y Piedras.

Con el propósito de cumplir la normativa europea, se aprobará la incorporación al consejo de representantes de las cuencas intercomunitarias -en el caso de España, de Miño-Sil- y de las aguas costeras.

Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción en el Consejo, Santiago Martín Baraja, ha denunciado la "paralización" de la reforma de la ley de aguas iniciada en la anterior legislatura y ha calificado de "cuestiones menores" los temas del orden del día.

"Posiblemente sea de las gestiones más nefastas de agua de los últimos 17 años", ha apuntado Martín, que ha criticado además el intento "de deshacer cosas de la anterior legislatura en temas de agua".

Por último, el Consejo también abordará el anteproyecto de la ley de la evaluación y gestión de riesgos de inundación, y el borrador del real decreto que regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.