Consejo de Europa ensalza el programa andaluz de tres comidas al día y pide al Gobierno que trabaje con las autonomías

El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha ensalzado este viernes el programa de la Junta de Andalucía para garantizar tres comidas al día a niños que viven por debajo del umbral de la pobreza y, tras expresar su "preocupación" ante la situación de pobreza infantil en general y de malnutrición, en particular, ha pedido al Gobierno central que trabaje con las comunidades autónomas para buscar "la mejor solución".

En rueda de prensa tras una visita de cinco días en España durante la que se ha entrevistado con diversas autoridades de Sanidad, Justicia, Educación y de las fuerzas policiales, ha destacado la medida andaluz, que supone un "significativo esfuerzo económico" y de la que ha sido informado esta semana en Sevilla.

"Creo que la clave es evaluar el impacto de los programas que se están implementando y una vez identificados los mejores, ponerlos en marcha en el resto de autonomías", ha subrayado Muiznieks, que ha admitido haber escuchado "con preocupación historias de niños que se desmayan en clase porque no han comido, que acuden dos y tres semanas con la misma ropa al colegio o que están en una situación de vulnerabilidad tras un desahucio".

Según ha dicho, le ha "sorprendido que las competencias para mitigar esta situación estén en manos de las comunidades autónomas" así como le ha llamado la atención que de un presupuesto global de Educación situado en 50.000 millones de euros en España "el Estado sólo destine 2.500 millones", conforme le hizo saber el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, en la reunión que mantuvieron esta semana.

Muiznieks ha afirmado que en ese encuentro, el representante del ministerio hizo una distición entre política educativa y social y dijo que quizá los colegios no eran el lugar para implementar las políticas sociales". "Yo creo que es la manera más eficaz de que dispone el Estado para llegar a todos los chavales y asegurarse de que efectivamente, están comiendo", ha afirmado.

El comisario ha señalado que "España es un país sumamente descentralizado en el que el Gobierno central tiene pocas herramientas, a parte de la coordinación de las comunidades autónomas", y ha destacado que estas tienen la asistencia a los colectivos vulnerables muy "externalizada" a ONG, asociaciones y fundaciones, lo que significa que hay "un gobierno que simplemente está dando dinero a otros para que hagan su trabajo".

Muiznieks ha realizado visitas similares a Portugal, Grecia, Italia y Estonia en los últimos meses a fin de conocer el impacto de las medidas de austeridad económica en los derechos humanos y ha encontrado que la pobreza infantil y el desempleo juvenil están siendo las dos grandes consecuencias de la crisis en todos estos países, problemas que en España, sin embargo, resultan más agudos.

SIN TRABAJO INFANTIL EN ESPAÑA, PERO CON DESAHUCIOS

El lado positivo, según ha dicho, es que en España no ha "oído nada sobre trabajo infantil" que sí ha comenzado a darse en "otros países" ni tampoco sobre un "incremento de la violencia contra la infancia", también vista en el resto de sus viajes. En España los problemas de la infancia son de nutrición, de acceso a la salud y a la vivienda, por los desahucios.

De hecho, los desalojos por impago son, según ha dicho, la mayor particularidad de España en cuanto a los efectos de la crisis y por eso durante su visita, centrada inicialmente en la situación de la infancia, la discapacidad y las actuaciones policiales contra las movilizaciones sociales, también ha abordado este asunto, en tanto que "contribuye a la exclusión social y a la pobreza".

Según ha señalado, España debe ratificar la Carta Social Europea revisada, "especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de quejas colectivas", y garantizar que en los desahucios "primero se produce una consulta y después se buscan alternativas para las personas que van a ser desahuciadas". En este sentido, llama a adoptar medidas para que "niños y personas con discapacidad jamás puedan acabar en la calle por un desahucio".

Aunque no se ha pronunciado en particular sobre la ley andaluza que permite la expropiación de viviendas a entidades financieras en favor de quienes las están ocupando, sí ha dicho que "lo ideal sería que tanto el Gobierno estatal como las autonomías pudieran tener unas viviendas para paliar la situación de las personas desahuciadas".

DEFINICIÓN ESTRICTA DE "DESORDEN PÚBLICO"

Por otra parte, sobre las actuaciones policiales, Muiznieks, que se ha reunido con el Director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha expresado "preocupación" por las denuncias de abusos policiales en manifestaciones ciudadanas que acaban en el Tribunal de Estrasburgo porque "en España no se investigan" y ha expresado su "total desacuerdo" por el hecho de que se indulte a agentes condenados por este tipo de abusos.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la necesidad de completar la implementación de los números de identificación visibles en los uniformes policiales y ha criticado que se proponga modificar la ley para ampliar de 13 a 26 días el plazo máximo de detención incomunicada y aumentar el número de supuestos en que un acusado puede ser sometido a esta medida. En su opinión, esta es una práctica de "riesgo" de abusos policiales.

En cuanto a las manifestaciones ciudadanas en sí, ha expresado preocupación por la posibilidad de que se tipifique en España como delito la "incitación al desorden público". En su opinión, una cosa es perseguir la incitación a la violencia, pero se requiere "una definición muy estricta y restrictiva de lo que es un desorden público".